La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, considerada la privatización más importante de la gestión de Javier Milei, quedó nuevamente envuelta en la polémica luego de que se conociera un informe reservado elaborado por especialistas internacionales que advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación. El documento cuestiona aspectos técnicos, económicos y administrativos del concurso impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), y alerta sobre posibles conflictos de interés, direccionamiento de la licitación y condiciones que habrían favorecido a determinados oferentes.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de salida de las exportaciones argentinas y por ella circula cerca del 80% de los embarques agroindustriales del país. La futura concesión contempla tareas de dragado, señalización, mantenimiento y administración de la vía navegable durante un período de 25 años, lo que convierte al proceso en una de las decisiones estratégicas más importantes para el comercio exterior argentino.
Según reveló Ámbito Financiero, el informe fue elaborado por un comité de expertos internacionales y elevado a uno de los consorcios participantes de la licitación. Entre las principales observaciones figura la sospecha de que el diseño del pliego habría favorecido al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, actual operadora de la Hidrovía.
Uno de los puntos más cuestionados es la incorporación de una tarifa mínima obligatoria para el peaje, una condición que, según el documento, habría eliminado la competencia real en materia económica entre los oferentes. De hecho, las dos empresas finalistas presentaron propuestas con el mismo valor tarifario, trasladando la definición de la adjudicación al análisis técnico de las ofertas. Los especialistas sostienen que este mecanismo redujo la transparencia del proceso y limitó la competencia efectiva.
El informe también cuestiona la evaluación técnica realizada por la ANPYN. Según los expertos, la revisión de cerca de 5.000 páginas de documentación habría sido completada en apenas dos semanas por una comisión sin experiencia previa en concesiones de esta magnitud. El documento considera que ese plazo resulta incompatible con la complejidad de la licitación y plantea dudas sobre la profundidad del análisis realizado.
Otro de los aspectos más delicados está vinculado a posibles conflictos de interés. El reporte señala que algunas certificaciones utilizadas para acreditar experiencia técnica de uno de los oferentes habrían sido emitidas por una persona que posteriormente integró la comisión encargada de evaluar las ofertas. Los autores del informe consideran que esta situación podría comprometer la imparcialidad del proceso licitatorio.
Las críticas no provienen únicamente de actores privados. Semanas atrás, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen en el que advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en la redacción de los pliegos y alertó que el procedimiento podría derivar en cuestionamientos administrativos e incluso penales. El organismo también observó posibles restricciones a la competencia, problemas vinculados al acceso a la información ambiental y deficiencias en los mecanismos de control previstos para la concesión.
La PIA sostuvo además que algunos criterios de evaluación otorgan a la comisión evaluadora un margen excesivo de discrecionalidad, lo que podría afectar los principios de transparencia e igualdad entre los participantes. Estas observaciones fueron incorporadas a actuaciones judiciales que actualmente analizan el desarrollo del proceso licitatorio.
Desde el Gobierno nacional rechazan las acusaciones y sostienen que la licitación se desarrolló respetando los procedimientos establecidos. La ANPYN aseguró que las observaciones presentadas por algunas empresas fueron analizadas y que no existieron elementos suficientes para modificar las evaluaciones técnicas realizadas. Asimismo, el Ejecutivo remarca que la concesión cuenta con respaldo de diversos actores vinculados al comercio exterior y la actividad portuaria.
La controversia adquiere especial relevancia debido al peso estratégico de la Hidrovía para la economía argentina. Cualquier cuestionamiento sobre la transparencia de la concesión impacta directamente sobre uno de los principales corredores logísticos del país y sobre una infraestructura clave para el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones.
Mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales, el futuro de la licitación continúa bajo observación. El informe reservado conocido en las últimas horas agrega nuevos interrogantes sobre un proceso que, lejos de cerrar la discusión sobre la gestión de la principal vía navegable argentina, parece abrir una nueva etapa de controversias políticas, económicas y judiciales.
