La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó oficialmente el nuevo régimen de blanqueo laboral impulsado por el Gobierno nacional, una herramienta que busca promover la formalización de trabajadores no registrados mediante importantes beneficios para los empleadores. Entre los principales incentivos se destacan reducciones de aportes patronales, condonaciones de deudas, eliminación de multas y mecanismos simplificados para incorporar personal al sistema formal. La medida forma parte de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei y apunta a reducir los elevados niveles de informalidad que persisten en el mercado laboral argentino.
El nuevo esquema contempla la regularización de trabajadores que actualmente se desempeñan sin registrar o que presentan situaciones de registración deficiente, como salarios declarados por debajo de los realmente percibidos o fechas de ingreso incorrectas. El objetivo oficial es facilitar la incorporación de estos trabajadores al sistema formal mediante beneficios fiscales y previsionales para las empresas que adhieran al programa.
Uno de los aspectos más relevantes del régimen es la condonación parcial de las deudas acumuladas por aportes y contribuciones a la seguridad social. De acuerdo con las disposiciones reglamentadas, las quitas pueden alcanzar porcentajes superiores al 70% y, en determinados casos, acercarse al 90%, dependiendo de las características de cada empleador y de las condiciones de regularización. Además, el esquema prevé la extinción de multas, sanciones administrativas e incluso determinadas acciones vinculadas a incumplimientos previsionales.
La normativa también incorpora un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), destinado a fomentar nuevas contrataciones registradas. Las empresas que incorporen trabajadores dentro de las condiciones previstas podrán acceder a una reducción significativa de las contribuciones patronales durante un plazo de hasta 48 meses. En algunos casos, la reducción supera el 85% de las cargas habituales, convirtiéndose en uno de los principales beneficios contemplados por el programa.
Según la reglamentación publicada en el Boletín Oficial, podrán ingresar al régimen empleadores privados que incorporen trabajadores entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El beneficio alcanza a personas que no hayan tenido empleo registrado en el sector privado, trabajadores que provengan de situaciones de desempleo prolongado, monotributistas y ex empleados del sector público que sean contratados por empresas privadas.
Para acceder al programa, las empresas deberán realizar la registración mediante el sistema “Simplificación Registral” de ARCA, utilizando códigos específicos creados para identificar las relaciones laborales alcanzadas por el beneficio. El organismo fiscal será el encargado de controlar el cumplimiento de los requisitos y de verificar que las contrataciones cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca atacar uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino. Diversos estudios estiman que cerca de la mitad de los trabajadores del país se desempeñan en condiciones de informalidad, una situación que implica ausencia de aportes jubilatorios, falta de cobertura de seguridad social y limitaciones en el acceso a derechos laborales básicos.
Entre los beneficios para los trabajadores regularizados se encuentra el reconocimiento parcial de aportes previsionales. La reglamentación prevé la posibilidad de computar hasta 60 meses de servicios con aportes para quienes sean incorporados al sistema formal mediante este mecanismo, lo que podría mejorar su situación futura al momento de acceder a una jubilación.
No obstante, el programa también genera debates entre especialistas laborales y organizaciones sindicales. Algunos sectores consideran que las reiteradas moratorias y blanqueos terminan premiando a empleadores que incumplieron la legislación laboral durante años, mientras que otros sostienen que constituyen herramientas necesarias para incorporar trabajadores al sistema formal en un contexto donde la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo argentino.
La puesta en marcha del nuevo régimen abre una nueva etapa en la estrategia oficial para incentivar el empleo registrado. El éxito de la iniciativa dependerá de la adhesión empresarial y de su capacidad para transformar puestos de trabajo informales en empleos con derechos laborales plenos. Mientras tanto, tanto empresarios como trabajadores observan con atención una medida que podría impactar sobre miles de relaciones laborales en todo el país.
