El dirigente farmacéutico y referente político Marcelo Peretta salió al cruce de los intentos de modificar o derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y denunció la existencia de un fuerte lobby por parte de grandes empresas alimenticias para flexibilizar una normativa que considera fundamental para la protección de la salud pública. El planteo se produjo en medio de un renovado debate sobre el alcance de la legislación que obliga a advertir mediante octógonos negros el exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos industrializados.
Peretta sostuvo que la Ley de Etiquetado Frontal constituye una de las herramientas más importantes implementadas en los últimos años para garantizar el derecho de los consumidores a acceder a información clara y comprensible sobre los alimentos que consumen. En ese sentido, cuestionó los planteos realizados por sectores empresariales que consideran que la norma genera dificultades para la comercialización de determinados productos y afecta la competitividad de la industria alimenticia.
Según expresó el dirigente, detrás de los cuestionamientos a la ley existiría una estrategia impulsada por grandes compañías del sector para reducir las obligaciones de información hacia los consumidores. A su entender, los intentos de modificación responden principalmente a intereses económicos y comerciales antes que a argumentos vinculados con la salud pública o la libertad de elección de los ciudadanos.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal, fue sancionada en Argentina luego de años de debate legislativo y de intensas discusiones entre organizaciones médicas, especialistas en nutrición, asociaciones de consumidores y representantes de la industria alimenticia. La normativa estableció la obligación de incorporar sellos de advertencia visibles en aquellos productos que superen determinados parámetros nutricionales considerados perjudiciales para la salud.
Desde su implementación, la legislación generó cambios importantes en el mercado alimentario. Muchas empresas reformularon productos para reducir el contenido de sodio, azúcares y grasas con el objetivo de evitar los sellos de advertencia, mientras que numerosos consumidores comenzaron a incorporar la información nutricional como un elemento central al momento de realizar sus compras.
Peretta afirmó que los resultados observados hasta el momento demuestran la utilidad de la norma y remarcó que las políticas públicas destinadas a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles deben sostenerse en el tiempo. Recordó que patologías como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y diversas enfermedades cardiovasculares mantienen una estrecha relación con hábitos alimentarios poco saludables.
El dirigente también cuestionó algunos discursos que presentan la ley como una limitación a la libertad individual. Según señaló, el objetivo de la normativa no es prohibir el consumo de determinados productos sino brindar información transparente para que cada persona pueda tomar decisiones con mayor conocimiento sobre lo que consume. En ese marco, sostuvo que la libertad de elección sólo puede ejercerse plenamente cuando existe acceso a información clara y visible.
La discusión sobre el etiquetado frontal no es exclusiva de Argentina. En los últimos años, diversos países de América Latina avanzaron con legislaciones similares ante el aumento de enfermedades asociadas a la mala alimentación. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han respaldado este tipo de políticas como herramientas eficaces para mejorar la información al consumidor y promover hábitos alimentarios más saludables.
Por su parte, sectores empresariales sostienen que existen aspectos de la ley que deberían revisarse para evitar impactos negativos sobre determinadas actividades productivas. Algunas cámaras industriales argumentan que el sistema de advertencias puede generar distorsiones comerciales y reclaman mecanismos alternativos de información nutricional. Sin embargo, organizaciones de consumidores y entidades sanitarias insisten en que cualquier modificación debe priorizar la protección de la salud pública.
El debate promete mantenerse vigente en los próximos meses a medida que continúen las discusiones sobre posibles reformas regulatorias. Mientras tanto, Peretta reafirmó su respaldo a la Ley de Etiquetado Frontal y advirtió que cualquier intento de debilitamiento de la normativa significaría un retroceso en materia de derechos de los consumidores y prevención sanitaria. Para sus defensores, la legislación representa una política pública clave en la lucha contra las enfermedades vinculadas a la alimentación y una herramienta indispensable para promover una sociedad mejor informada.
