Durante los últimos años, la cultura autogestiva argentina atravesó una etapa de crecimiento y reconocimiento institucional sin precedentes. Entre 2020 y 2023, distintas políticas públicas permitieron que cientos de proyectos culturales organizados bajo formas cooperativas accedieran a herramientas de financiamiento, formalización y fortalecimiento que históricamente les habían sido negadas.
A través de iniciativas como el Mercado de Cooperativismo y Culturas Autogestivas (MARCA), la resolución Renovar y el Mapa Federal de Cooperativas Culturales, el Estado reconoció a más de mil nuevas entidades y consolidó un vínculo estratégico entre el asociativismo y las industrias culturales. Editoriales, radios comunitarias, salas teatrales, centros culturales y proyectos artísticos de todo el país encontraron por primera vez mecanismos concretos para desarrollarse y sostenerse.
Sin embargo, el cambio de rumbo político produjo un escenario completamente diferente.
La llegada del gobierno de Javier Milei implicó un profundo retroceso para el sector. La degradación del Ministerio de Cultura, la eliminación de programas de promoción y el retiro de herramientas de acompañamiento técnico y financiero dejaron a miles de trabajadores y trabajadoras de la cultura frente a una realidad marcada por la incertidumbre.
Pero el impacto no es únicamente económico. También es simbólico.
Cuando el Estado deja de considerar a la cultura como una política estratégica, lo que se pone en discusión es el valor mismo de la producción cultural como herramienta de construcción comunitaria, identidad colectiva y desarrollo social.
Actualmente, las cooperativas culturales enfrentan una situación compleja que se expresa en varios frentes simultáneos. Por un lado, aumentan las exigencias administrativas y burocráticas para entidades que, en muchos casos, funcionan con recursos limitados. Por otro, los incrementos en tarifas y servicios golpean directamente a teatros independientes, centros culturales y espacios comunitarios. A esto se suma la fuerte caída del consumo cultural, consecuencia directa de la pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población.
La contradicción es evidente: se exige que estos proyectos sean sostenibles y competitivos, mientras se eliminan las herramientas que les permitían desarrollarse y se incrementan constantemente sus costos de funcionamiento.
Frente a este panorama, la respuesta vuelve a surgir desde el mismo lugar donde históricamente encontró fuerza el cooperativismo: la organización colectiva.
Las redes de cooperativas culturales fortalecen los vínculos territoriales, impulsan circuitos de intercambio solidario y buscan construir estrategias comunes para sostener espacios que cumplen una función mucho más amplia que la mera producción artística.
Porque cuando una cooperativa cultural desaparece, no solo cierra una sala de teatro, una radio comunitaria o una editorial independiente. También se pierden puestos de trabajo, espacios de encuentro, herramientas de participación social y oportunidades de acceso a la cultura.
La cultura autogestiva argentina ha demostrado una enorme capacidad para sobrevivir a las crisis. Sin embargo, el desafío actual parece ir más allá de la resistencia habitual. Hoy no se trata únicamente de seguir creando, produciendo pensamiento o generando expresiones artísticas.
Hoy el desafío es sostener la existencia misma de proyectos que entienden a la cultura como un derecho y no como un privilegio.
Porque defender a las cooperativas culturales es también defender el trabajo, la comunidad y la posibilidad de construir una sociedad más democrática, diversa y participativa.
Por Gabriela San Martin para el IMFC
