El Gobierno de Córdoba actualizó nuevamente los valores de las multas aplicadas por la Policía Caminera y las sanciones por infracciones de tránsito registraron un fuerte incremento. Con la nueva escala, las penalizaciones más severas ya superan los 2,5 millones de pesos, mientras que las faltas consideradas leves también experimentaron aumentos significativos. La actualización responde al mecanismo establecido por la legislación provincial, que vincula el valor de las multas al precio de referencia de la nafta súper de la petrolera estatal YPF.
La medida fue oficializada a través de la actualización periódica que realiza la administración provincial para adecuar los montos de las sanciones viales al valor vigente de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular las multas de tránsito en Córdoba. Cada Unidad Fija equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta súper informado por YPF en la provincia, por lo que cualquier modificación en el valor del combustible impacta automáticamente en el costo de las infracciones.
Con los nuevos valores, las multas leves pueden oscilar entre aproximadamente $26.000 y más de $260.000. Dentro de esta categoría suelen incluirse faltas como conducir fumando, circular sin luces bajas encendidas cuando son obligatorias o cometer infracciones menores vinculadas a la documentación o al estado del vehículo.
Las infracciones consideradas graves presentan sanciones considerablemente más elevadas. En este grupo se encuentran conductas como circular sin licencia habilitante, exceder los límites de velocidad establecidos, realizar maniobras peligrosas o incumplir disposiciones fundamentales de seguridad vial. Los montos pueden superar ampliamente el millón de pesos dependiendo de la gravedad de la falta y de las circunstancias en las que se haya producido.
Por su parte, las infracciones muy graves son las que registran los aumentos más impactantes. Entre ellas se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas, participar en picadas ilegales, negarse a realizar controles de alcoholemia o protagonizar conductas que representen un riesgo extremo para terceros. En estos casos, las sanciones económicas pueden superar los 2,5 millones de pesos, además de otras medidas complementarias previstas por la legislación vigente.
Desde el Gobierno provincial sostienen que el objetivo de estas penalizaciones no es recaudatorio, sino preventivo. Las autoridades remarcan que las multas buscan desalentar conductas peligrosas y contribuir a la reducción de accidentes de tránsito en rutas y caminos provinciales. La seguridad vial continúa siendo una de las principales preocupaciones de los organismos encargados del control y fiscalización del tránsito.
La Policía Caminera mantiene operativos permanentes en distintos corredores viales de la provincia, especialmente en rutas de alto tránsito y en sectores donde históricamente se registran mayores índices de siniestralidad. Los controles incluyen verificación de documentación, velocidad, uso de cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil y pruebas de alcoholemia.
Especialistas en seguridad vial señalan que el endurecimiento de las sanciones puede constituir una herramienta eficaz para modificar conductas de riesgo, siempre que esté acompañado por campañas de concientización y controles efectivos. Diversos estudios internacionales muestran que la combinación de fiscalización permanente y multas significativas suele contribuir a reducir la cantidad de infracciones graves.
La actualización de los valores se produce en un contexto en el que Córdoba continúa reforzando las políticas de prevención vial. Durante los últimos años, la provincia incorporó nuevas tecnologías para el control del tránsito, amplió los sistemas de fiscalización electrónica y fortaleció las campañas educativas dirigidas a conductores particulares y profesionales.
Con esta nueva escala, las multas de la Policía Caminera vuelven a ubicarse entre las más elevadas del país. Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados sobre las normas vigentes, verificar periódicamente la documentación obligatoria y respetar estrictamente las disposiciones de seguridad vial para evitar sanciones económicas que pueden representar un impacto significativo en la economía familiar.
Fuente
La Nueva Mañana, Gobierno de la Provincia de Córdoba y Policía Caminera.
