La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la movilización realizada por el colectivo Ni Una Menos y sostuvo que el Gobierno nacional mantiene políticas activas para combatir la violencia de género y los femicidios. Sus declaraciones generaron repercusiones en medio de una nueva jornada de reclamos por los derechos de las mujeres y diversidades en distintas ciudades del país.
Las declaraciones de Bullrich se produjeron en el marco de las actividades realizadas por el aniversario de la primera movilización de Ni Una Menos, el movimiento surgido en 2015 para denunciar la violencia machista y exigir políticas públicas destinadas a prevenir femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres.
La ministra sostuvo que el Gobierno considera que la lucha contra los femicidios debe abordarse desde políticas de seguridad, persecución penal y fortalecimiento de las herramientas judiciales, y cuestionó algunos planteos impulsados por sectores del movimiento feminista. Según expresó, la actual administración mantiene su compromiso con la protección de las víctimas y la sanción de los responsables de hechos de violencia extrema.
Bullrich también defendió las decisiones adoptadas por el gobierno de Javier Milei en materia institucional, incluyendo la eliminación del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde el oficialismo sostienen que muchas de las políticas vinculadas a la violencia de género pueden implementarse desde otras áreas del Estado sin necesidad de una estructura específica.
Las declaraciones fueron recibidas con críticas por parte de organizaciones feministas y referentes de derechos humanos. Distintos sectores sostienen que el desmantelamiento de programas específicos y la reducción de recursos destinados a políticas de género afectan la capacidad estatal para prevenir situaciones de violencia y asistir a las víctimas.
El colectivo Ni Una Menos nació tras una serie de femicidios que conmocionaron al país y logró convertirse en uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina. Desde entonces, las movilizaciones anuales reúnen a miles de personas que reclaman medidas concretas para enfrentar la violencia de género y garantizar la protección de mujeres y diversidades.
Las organizaciones convocantes remarcaron durante las marchas la necesidad de fortalecer los dispositivos de asistencia, los programas de prevención y los recursos destinados a políticas públicas específicas. También expresaron preocupación por el impacto que las dificultades económicas tienen sobre mujeres en situación de vulnerabilidad.
El debate sobre las políticas de género se convirtió en uno de los puntos de mayor confrontación entre el Gobierno nacional y distintos movimientos sociales. Mientras el oficialismo plantea un enfoque centrado en la igualdad ante la ley y en la reducción de estructuras estatales, organizaciones feministas sostienen que las desigualdades estructurales requieren respuestas específicas por parte del Estado.
Especialistas en violencia de género señalan que el fenómeno de los femicidios demanda intervenciones multidisciplinarias que incluyan prevención, asistencia social, protección judicial y educación. También destacan la importancia de contar con estadísticas confiables y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la efectividad de las políticas implementadas.
La discusión adquiere particular relevancia en un contexto donde los femicidios continúan siendo una problemática persistente en Argentina. Diversos observatorios y organizaciones de la sociedad civil realizan relevamientos periódicos para monitorear la evolución de los casos y reclamar respuestas institucionales más eficaces.
Las declaraciones de Bullrich volvieron a poner en primer plano el debate sobre cuál debe ser el rol del Estado frente a la violencia de género. Mientras continúan las diferencias entre el Gobierno y los movimientos feministas, la demanda de medidas efectivas para prevenir femicidios y proteger a las víctimas sigue ocupando un lugar central en la agenda pública.
Fuente: Filo.news
