El Congreso de Brasil aprobó la suspensión de una normativa que garantizaba mecanismos especiales de protección para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que accedían a un aborto legal. La medida fue impulsada por sectores conservadores y generó fuertes cuestionamientos de organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y especialistas en salud pública.
La decisión fue adoptada por el Senado brasileño en una votación que duró apenas dos minutos y dejó sin efecto una resolución del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda), organismo que había establecido protocolos específicos para proteger a menores embarazadas como consecuencia de abusos sexuales.
La normativa suspendida garantizaba que las niñas víctimas de violación pudieran acceder al aborto legal sin enfrentar obstáculos adicionales. Entre otras medidas, establecía que los familiares no pudieran anular la voluntad de la menor, aseguraba asistencia jurídica gratuita y promovía procedimientos destinados a evitar la revictimización dentro de los sistemas de salud y justicia.
También contemplaba que la interrupción del embarazo no dependiera necesariamente de una denuncia policial previa ni de autorizaciones judiciales, especialmente en situaciones donde existieran sospechas de abuso dentro del entorno familiar.
La iniciativa para suspender la norma fue respaldada por legisladores conservadores y referentes del bolsonarismo. Entre ellos se destacó la exministra de la Mujer de Jair Bolsonaro, Damares Alves, quien argumentó que el Conanda había excedido sus atribuciones legales al establecer ese marco de protección.
Las organizaciones que defienden los derechos reproductivos sostienen que la medida implica un retroceso significativo. Advierten que muchas de las agresiones sexuales contra menores ocurren dentro del ámbito familiar y que exigir mayores intervenciones de padres o tutores puede dificultar el acceso a derechos ya reconocidos por la legislación brasileña.
En Brasil, el aborto continúa siendo ilegal en la mayoría de los casos, pero la legislación contempla excepciones cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando existe riesgo para la vida de la persona gestante o cuando el feto presenta anencefalia.
La polémica se produce en un contexto de fuerte disputa política y cultural dentro del país. Durante los últimos años, sectores conservadores impulsaron distintos proyectos para restringir aún más el acceso al aborto legal, mientras organizaciones feministas y de derechos humanos reclaman la ampliación de las garantías existentes.
Datos oficiales citados por distintos medios indican que durante 2025 se registraron más de 11.000 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años en Brasil, una cifra que especialistas consideran alarmante y estrechamente vinculada a situaciones de violencia sexual.
La decisión del Congreso fue interpretada por diversos colectivos sociales como una nueva ofensiva de los sectores antiderechos dentro de la política brasileña. En respuesta, organizaciones feministas ya comenzaron a impulsar campañas y acciones judiciales para intentar revertir la medida y restablecer las garantías eliminadas.
Fuente: Pagina12
