En medio de la fuerte crisis económica que atraviesa Argentina y mientras varias provincias enfrentan dificultades financieras, el Gobierno de Formosa aseguró que tiene garantizado el pago de salarios y aguinaldos para trabajadores estatales. Desde la administración provincial advirtieron sobre el impacto de la recesión impulsada por la caída del consumo y cuestionaron duramente las políticas económicas del Gobierno nacional.
La provincia de Formosa confirmó que podrá afrontar sin inconvenientes el pago de salarios y aguinaldos para empleados estatales pese al complejo escenario económico nacional. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía provincial, Jorge Ibáñez, quien describió un panorama económico “muy preocupante” marcado por la recesión, la caída del consumo y la reducción de ingresos coparticipables provenientes de Nación.
Según explicó el funcionario, la desaceleración económica impacta directamente sobre las finanzas provinciales debido a la fuerte caída de la actividad comercial y productiva. “La tremenda recesión económica que estamos viviendo hace que también los ingresos nacionales, provinciales y municipales estén en picada”, sostuvo Ibáñez durante declaraciones radiales. Además, señaló que la retracción del consumo reduce la recaudación del IVA, uno de los principales componentes de la coparticipación federal que reciben las provincias.
A pesar de ese contexto adverso, el Gobierno encabezado por Gildo Insfrán aseguró que los haberes y el medio aguinaldo “están garantizados” y que la provincia mantendrá el cumplimiento de sus obligaciones salariales sin aplicar recortes sobre trabajadores estatales. Desde la administración formoseña remarcaron que esa estabilidad financiera se sostiene gracias a una política de superávit fiscal mantenida durante los últimos años.
Ibáñez también aprovechó la oportunidad para cuestionar duramente la política económica del Gobierno nacional de Javier Milei. El ministro sostuvo que muchas provincias enfrentan serias dificultades para pagar salarios y aguinaldos debido al ajuste fiscal impulsado desde Nación, la caída de la coparticipación y la paralización de la obra pública. “Hay provincias que ya no pueden pagar los sueldos ni el aguinaldo”, había advertido meses atrás en otro pronunciamiento público.
Uno de los principales reclamos de Formosa apunta a la deuda previsional que el Gobierno nacional mantiene con las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la ANSES. Según detalló Ibáñez, la provincia reclama alrededor de 425 mil millones de pesos, de los cuales cerca del 60% corresponde precisamente a fondos previsionales adeudados por Nación. El funcionario denunció además que desde diciembre de 2023 el Gobierno nacional “no manda un peso” por esos conceptos.
La paralización de la obra pública aparece como otro de los puntos críticos señalados por la administración formoseña. El ministro aseguró que el freno de proyectos nacionales afectó fuertemente al empleo y provocó una caída abrupta en el sector de la construcción. Según datos oficiales provinciales, Formosa llegó a tener más de 16.000 obreros de la construcción registrados antes de que se suspendieran numerosas obras financiadas por Nación.
Desde el Gobierno provincial sostienen además que la crisis económica impacta especialmente sobre pymes, comercios y trabajadores informales. Ibáñez describió un escenario de salarios “planchados”, caída de ventas y deterioro del empleo, al tiempo que cuestionó la apertura de importaciones y el modelo económico nacional por considerar que favorece la reprimarización de la economía argentina.
En paralelo, la administración de Insfrán busca mostrar diferencias con otras jurisdicciones provinciales que comenzaron a reconocer dificultades para sostener gastos corrientes. La garantía de pago de salarios y aguinaldos aparece así como una señal política y económica en medio del debate nacional sobre ajuste fiscal, coparticipación y financiamiento de las provincias.
Mientras tanto, el escenario económico nacional sigue generando preocupación en gobernadores de distintos espacios políticos. La caída de la actividad, la reducción de ingresos fiscales y el freno de transferencias nacionales profundizan tensiones entre provincias y Nación, en un contexto donde muchas administraciones locales advierten que los próximos meses podrían resultar todavía más complejos si no se reactiva el consumo y la economía real.
Fuente: El Destape
