El diputado nacional Diego Giuliano presentó un proyecto de resolución para intentar frenar la medida del Gobierno nacional que dejó sin cobertura gratuita de transporte a miles de personas con discapacidad. La iniciativa busca revertir una disposición oficial que generó fuerte rechazo de organizaciones sociales, familiares y sectores vinculados a la discapacidad en todo el país.
El diputado nacional Diego Giuliano presentó en el Congreso un proyecto para dejar sin efecto la resolución del Gobierno nacional que modificó el sistema de transporte gratuito destinado a personas con discapacidad. La medida oficial generó una fuerte controversia luego de que numerosas organizaciones denunciaran que miles de beneficiarios quedaron con dificultades para acceder a tratamientos médicos, educación y actividades cotidianas esenciales.
La resolución cuestionada fue impulsada por el Gobierno de Javier Milei y modificó criterios vinculados a la cobertura del transporte gratuito para personas con discapacidad. Según denunciaron distintos sectores, el nuevo esquema burocrático y administrativo dejó a numerosos usuarios sin posibilidad de acceder normalmente al servicio, afectando especialmente a personas que dependen diariamente del traslado para continuar tratamientos de salud, rehabilitación o escolaridad.
Giuliano sostuvo que la medida representa “un retroceso gravísimo en materia de derechos” y cuestionó el impacto humano que provoca sobre familias que ya enfrentan enormes dificultades económicas y de accesibilidad. El legislador argumentó además que el transporte gratuito no constituye un privilegio, sino una herramienta indispensable para garantizar inclusión social, acceso a la salud y ejercicio efectivo de derechos básicos.
Organizaciones vinculadas a la discapacidad vienen alertando desde hace semanas sobre las consecuencias de las nuevas disposiciones oficiales. Muchas familias denunciaron demoras, suspensión de autorizaciones y dificultades administrativas que terminaron afectando la continuidad de tratamientos médicos, terapias y actividades educativas. En algunos casos, incluso señalaron que debieron reducir consultas o cancelar traslados por no poder afrontar costos particulares.
El debate se da además en un contexto de fuerte ajuste sobre distintas áreas sociales impulsado por el Gobierno nacional. Prestadores de servicios para personas con discapacidad también vienen reclamando por retrasos en pagos, actualización de aranceles y dificultades financieras que afectan la atención integral. Diversas asociaciones sostienen que el sistema atraviesa una situación crítica desde hace meses.
El proyecto presentado por Giuliano solicita específicamente que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la resolución y restablezca plenamente el sistema de gratuidad anterior. Además, el legislador pidió que el Congreso analice de manera urgente el impacto de las medidas oficiales sobre derechos adquiridos de personas con discapacidad y sectores vulnerables.
Especialistas en políticas públicas remarcan que el acceso al transporte constituye uno de los principales factores de inclusión para personas con discapacidad. La posibilidad de trasladarse de manera accesible y gratuita suele resultar clave para sostener escolaridad, tratamientos médicos, inserción laboral y participación social. Por eso, cualquier restricción sobre esos sistemas suele generar efectos inmediatos sobre la calidad de vida de miles de personas.
En paralelo, familiares y organizaciones convocaron distintas acciones públicas para reclamar la revisión de la medida. En varias ciudades del país se realizaron protestas, campañas en redes sociales y presentaciones administrativas exigiendo la restitución plena del derecho al transporte gratuito. Los reclamos apuntan especialmente al impacto que las restricciones generan sobre niños, adultos mayores y personas con discapacidad motriz o intelectual.
El tema promete abrir un nuevo frente de discusión política y social dentro del Congreso nacional. Mientras el oficialismo sostiene la necesidad de revisar gastos y reorganizar sistemas de asistencia estatal, la oposición y organizaciones civiles advierten que las medidas de ajuste no pueden avanzar sobre derechos básicos de sectores vulnerables. El futuro del proyecto presentado por Giuliano dependerá ahora del debate parlamentario y de la presión social que continúe generando el reclamo.
Fuente: Noticias Argentinas
