Una nueva revelación volvió a sacudir la investigación judicial de la denominada “Causa Cuadernos”. Pericias incorporadas al expediente detectaron más de 300 comunicaciones telefónicas entre un acusado de manipular las libretas originales y un exdirector de pericias de la Policía Federal, lo que reavivó sospechas sobre posibles irregularidades en una de las investigaciones más sensibles de la política argentina.
La denominada “Causa Cuadernos”, uno de los expedientes judiciales más importantes y controvertidos de los últimos años en Argentina, volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse nuevos elementos incorporados a la investigación. Según trascendió, un análisis de registros telefónicos detectó más de 300 llamadas entre Jorge Bacigalupo —acusado de intervenir sobre los cuadernos originales atribuidos al chofer Oscar Centeno— y el exdirector general de pericias de la Policía Federal Argentina, Daniel González.
La información surge de un informe pericial presentado recientemente ante la Justicia Federal y genera nuevas dudas sobre la cadena de custodia y autenticidad de los cuadernos que dieron origen al expediente iniciado en 2018. La causa investiga supuestos pagos de sobornos vinculados a la obra pública durante gobiernos kirchneristas y tuvo un enorme impacto político, mediático y judicial desde su aparición.
Las sospechas actuales se concentran particularmente en posibles manipulaciones o alteraciones sobre las anotaciones originales atribuidas a Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido. Según la acusación inicial, Centeno habría registrado durante años recorridos, entregas de dinero y supuestos pagos ilegales vinculados a empresarios de la obra pública.
Jorge Bacigalupo aparece señalado dentro de la investigación por presuntas tareas de “retoque” o reescritura sobre las libretas originales. Las más de 300 comunicaciones detectadas con Daniel González —quien ocupaba un cargo clave dentro del área pericial de la Policía Federal— alimentaron nuevas sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo de la evidencia judicial. Los investigadores intentan determinar ahora el contenido y contexto exacto de esas conversaciones.
La polémica sobre la autenticidad de los cuadernos acompaña al expediente prácticamente desde su origen. Diversas defensas cuestionaron históricamente inconsistencias en fechas, caligrafías y características físicas de las anotaciones presentadas como prueba. Incluso algunos peritajes privados plantearon diferencias entre distintas versiones digitalizadas y manuscritas de los documentos incorporados a la causa judicial.
El expediente original fue impulsado por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes construyeron gran parte de la acusación a partir de las anotaciones atribuidas a Centeno y de declaraciones de empresarios arrepentidos. La investigación derivó en procesamientos, detenciones y múltiples acuerdos de colaboración judicial que involucraron a importantes empresarios y exfuncionarios nacionales.
Las nuevas revelaciones podrían tener consecuencias relevantes dentro del expediente porque varias defensas ya anticiparon que pedirán nuevas pericias y revisiones integrales sobre la prueba documental central de la causa. Algunos abogados sostienen que, si se comprobara manipulación o adulteración sobre las libretas, podría verse afectada la validez de buena parte del proceso judicial desarrollado durante los últimos años.
El caso vuelve además a profundizar el debate político alrededor del funcionamiento de la Justicia Federal argentina y la utilización de causas de alto impacto mediático en contextos electorales y de fuerte polarización política. Mientras sectores opositores sostienen que la “Causa Cuadernos” reveló uno de los mayores esquemas de corrupción de la historia reciente, desde el kirchnerismo continúan denunciando persecución judicial, armado de pruebas y connivencia entre sectores judiciales, mediáticos y políticos.
Por ahora, la investigación sobre las comunicaciones detectadas sigue avanzando bajo estricta reserva judicial. Sin embargo, las más de 300 llamadas incorporadas al expediente ya reabrieron una discusión que parecía parcialmente cerrada: la confiabilidad de las pruebas que dieron origen a uno de los procesos judiciales más trascendentes y polémicos de las últimas décadas en Argentina.
Fuente: Política Argentina
