El gobierno boliviano reconoció oficialmente la muerte de un joven durante un operativo policial y militar realizado para desbloquear rutas en la región de Vilaque. El caso agravó la crisis política y social que atraviesa el país, mientras organismos de derechos humanos reclaman una investigación independiente.
El gobierno de Bolivia terminó admitiendo la muerte de un manifestante durante el operativo desplegado para imponer un denominado “corredor humanitario” en la localidad de Vilaque, en el departamento de La Paz. La víctima fue identificada como Víctor Cruz Quispe, un joven de 24 años que falleció en medio de los enfrentamientos registrados durante el intento oficial de despejar las rutas bloqueadas por sectores sociales y sindicales.
La situación generó una fuerte conmoción política debido a que inicialmente las autoridades habían negado la existencia de víctimas fatales. El vocero presidencial José Luis Gálvez había asegurado que las fuerzas de seguridad solo utilizaban gases lacrimógenos y que no portaban armas letales. Sin embargo, los informes forenses confirmaron posteriormente que el joven murió producto de un impacto de bala que le provocó un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”.
El operativo se desarrolló en el marco de una profunda crisis política y social que atraviesa Bolivia desde hace varias semanas. Diversos sectores campesinos, sindicatos, organizaciones indígenas y grupos vinculados al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos y protestas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien responsabilizan por la crisis económica, la inflación y el desabastecimiento que afecta a distintas regiones del país.
Según el Gobierno, el objetivo del “corredor humanitario” era permitir el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, que permanecen parcialmente aisladas por los cortes de rutas. Para ello, se desplegaron miles de efectivos policiales y militares junto a una caravana de más de 200 vehículos. Sin embargo, el operativo terminó en enfrentamientos, destrozos y una escalada aún mayor del conflicto social.
Tras confirmarse la muerte de Cruz Quispe, distintas organizaciones de derechos humanos reclamaron una investigación “independiente y transparente”. La Iglesia Católica boliviana, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos expresaron preocupación por el uso de la fuerza estatal y exigieron esclarecer responsabilidades dentro de la cadena de mando que autorizó el operativo represivo.
El propio Gobierno boliviano intentó despegarse del uso de armas de fuego y sostuvo que ningún efectivo tenía autorización para portar armamento letal. Gálvez afirmó que el Ejecutivo realizará un “seguimiento minucioso” de la investigación y aseguró que “nadie está por encima de la ley”. Aun así, las sospechas recaen directamente sobre las fuerzas de seguridad que participaron en el desbloqueo y sobre la conducción política del operativo.
Mientras tanto, las protestas continúan expandiéndose en distintas regiones del país. Según reportes oficiales y medios bolivianos, actualmente existen más de 50 puntos de bloqueo activos en al menos seis departamentos. Las manifestaciones provocaron problemas de abastecimiento, largas filas para conseguir combustible y dificultades en el sistema de transporte, aumentando todavía más la tensión social y política.
La crisis boliviana aparece así en uno de sus momentos más delicados desde la llegada de Rodrigo Paz al poder. El reconocimiento oficial de una muerte durante el operativo en Vilaque no solo debilitó el discurso gubernamental, sino que profundizó las críticas sobre el manejo represivo del conflicto y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza estatal frente a las protestas sociales en América Latina.
Fuente: El Destape
