La situación judicial de Manuel Adorni volvió a complicarse en las últimas horas luego de que trascendiera que el juez federal Ariel Lijo evalúa citarlo a declaración indagatoria antes de la feria judicial de invierno. La causa investiga presuntos movimientos patrimoniales irregulares y vínculos del funcionario con contratos vinculados a la TV Pública.
La situación judicial de Manuel Adorni ingresó en una etapa de fuerte tensión luego de que trascendiera que el juez federal Ariel Lijo analiza citar al funcionario a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. La información surgió a partir de fuentes judiciales vinculadas al expediente y generó nuevas repercusiones dentro del oficialismo nacional.
La causa, impulsada junto al fiscal Gerardo Pollicita, investiga presuntos delitos vinculados a enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y posible recepción de dádivas. El expediente pone el foco sobre movimientos patrimoniales de Adorni y sobre su vínculo con el productor televisivo Marcelo Grandío, titular de la productora Imhouse.
Uno de los episodios centrales bajo investigación es el viaje que el funcionario realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. Aunque Adorni aseguró públicamente que el traslado fue costeado con dinero propio, la Justicia sospecha que el vuelo privado habría sido pagado por Grandío.
Según la investigación judicial, un broker aeronáutico declaró que tanto la reserva como el pago del vuelo fueron realizados por el empresario ligado a Imhouse. Además, aparecieron facturas emitidas a nombre de la productora y no del actual jefe de Gabinete, situación que profundizó las sospechas dentro del expediente.
La firma Imhouse mantiene contratos de coproducción con la TV Pública y produjo distintos contenidos audiovisuales vinculados a Adorni incluso antes de su llegada al Gobierno nacional. Entre ellos figura “Dos en Pausa”, el ciclo de entrevistas que conducía el funcionario antes de desembarcar en la gestión libertaria.
Como parte de las medidas de prueba, el juzgado ordenó el cruce de llamadas telefónicas y geolocalización entre Adorni, Grandío y otros empresarios vinculados a la productora. La investigación busca determinar posibles contactos coincidentes con la firma de contratos celebrados con medios públicos nacionales.
En paralelo, la Justicia también analiza operaciones inmobiliarias y reformas realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con publicaciones periodísticas incorporadas al expediente, la vivienda habría sido escriturada por aproximadamente 120 mil dólares y luego sometida a remodelaciones que elevarían significativamente el valor total invertido.
Otro de los puntos bajo análisis judicial es el presunto uso de efectivos de Gendarmería Nacional para custodiar la vivienda particular del funcionario luego de protestas realizadas en las inmediaciones del country donde reside. Ese episodio también forma parte de las medidas impulsadas dentro de la causa.
El avance del expediente genera preocupación dentro del oficialismo, especialmente porque Adorni se convirtió en una de las figuras políticas más visibles y cercanas al presidente Javier Milei. En las últimas semanas, además, crecieron las tensiones internas dentro del Gobierno entre distintos sectores vinculados a Karina Milei y Santiago Caputo.
Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre una eventual citación, aunque fuentes judiciales señalan que el magistrado aguardaría resultados finales de distintas medidas de prueba antes de definir si convoca formalmente al funcionario. Mientras tanto, la causa continúa avanzando y amenaza con transformarse en uno de los principales frentes judiciales que enfrenta el Gobierno nacional.
