La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevas revelaciones en las últimas horas. Según la causa, operadores externos que participaban en contrataciones y compras del organismo habrían retenido hasta un 20% del dinero involucrado en operaciones bajo sospecha de sobreprecios y posibles retornos ilegales.
La causa judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) incorporó nuevas pruebas que apuntan contra intermediarios acusados de quedarse con una parte del dinero derivado de operaciones vinculadas a contrataciones estatales. Según la investigación, esos operadores habrían retenido hasta un 20% de distintas compras realizadas por el organismo.
Las sospechas recaen especialmente sobre Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un operador externo que habría intervenido en adjudicaciones y negociaciones vinculadas a proveedores de la ANDIS. De acuerdo con el expediente judicial, el acusado mantenía contacto directo con funcionarios y empresas involucradas en las contrataciones bajo análisis.
Entre las pruebas incorporadas a la causa aparecen anotaciones, mensajes y registros de pagos que, según los investigadores, permitirían inferir la existencia de retornos económicos asociados a determinadas operaciones. En algunos documentos secuestrados durante allanamientos figuran cifras que representarían aproximadamente el 20% del monto total de ciertas contrataciones realizadas por empresas proveedoras del Estado.
La investigación judicial se encuentra vinculada a una auditoría del Ministerio de Salud que detectó presuntos sobreprecios millonarios en compras de insumos médicos, ortopédicos y equipamiento para personas con discapacidad realizadas durante 2025. Los informes oficiales hablan de diferencias de hasta 4239% respecto de valores de referencia de mercado.
Según el expediente, las maniobras investigadas habrían involucrado contratos por más de 18 mil millones de pesos y un sistema de adjudicaciones presuntamente direccionadas hacia determinadas empresas proveedoras. La Justicia analiza además posibles vínculos societarios y familiares entre firmas que participaban en las licitaciones.
El fiscal Franco Picardi sostiene que existía una estructura organizada destinada a favorecer contrataciones irregulares mediante simulación de competencia entre empresas relacionadas entre sí. También se investiga si algunos funcionarios facilitaban información privilegiada o intervenían para agilizar pagos y adjudicaciones.
Entre los ejemplos incluidos en la auditoría aparecen compras de sillas de ruedas, válvulas cardíacas, endoprótesis y equipamiento ortopédico facturados con valores muy superiores a los precios utilizados como referencia por otros organismos públicos como el PAMI.
La causa judicial ya involucra a exfuncionarios, empresarios y operadores privados vinculados a contrataciones dentro de la ANDIS. Además, continúan las declaraciones indagatorias y el análisis de documentación secuestrada en allanamientos realizados durante las últimas semanas.
El avance de la investigación volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de contratación dentro de organismos públicos y reabrió el debate sobre controles estatales, transparencia y manejo de fondos destinados a políticas de discapacidad y asistencia social. Mientras tanto, la Justicia continúa profundizando el análisis de pagos, empresas y posibles retornos económicos asociados a la causa.
