Daniel Ceballos, integrante del Tribunal de Cuentas y afiliado de SUTAEGEP, lanzó gravísimas acusaciones contra la gestión municipal de Estación General Paz. Habló de sobreprecios, persecución política, aprietes a trabajadores, desvío de fondos y hasta denuncias armadas para frenar investigaciones internas.
La crisis política y administrativa en la localidad cordobesa de Estación General Paz sumó un nuevo capítulo explosivo luego de la durísima entrevista realizada a Daniel Ceballos, miembro del Tribunal de Cuentas municipal y afiliado de SUTAEGEP, quien denunció públicamente un presunto entramado de irregularidades, persecución política y “manejo mafioso” dentro del Ejecutivo local.
Durante la extensa entrevista, Ceballos aseguró que el municipio atraviesa un profundo desmanejo financiero y acusó directamente a funcionarios de utilizar el aparato estatal para beneficiar a un “grupo cerrado de personas” mientras los trabajadores municipales continúan con salarios por debajo de la línea de pobreza.
“Estamos con dirigentes políticos que hoy se manejan al margen de la ley”, disparó el dirigente, quien además sostuvo que existen prácticas de aprietes internos, utilización discrecional de fondos públicos y persecución contra quienes intentan controlar las cuentas municipales.
Uno de los datos más impactantes que reveló fue la existencia de más de 350 observaciones formales realizadas desde el Tribunal de Cuentas sobre órdenes de compra y movimientos financieros sospechosos. Según afirmó, las irregularidades detectadas representarían montos cercanos a los 400 millones de pesos.
Ceballos denunció además presuntos sobreprecios en compras municipales, pagos sin detalles claros y gastos que jamás fueron debidamente explicados. Como ejemplo, mencionó la adquisición de termos solares por casi ocho millones de pesos cuando —según sostuvo— el mismo producto costaba menos de la mitad en comercios comunes.
Pero las acusaciones no terminaron ahí. El integrante del Tribunal de Cuentas aseguró que funcionarios municipales intentaron desplazarlo ilegalmente de su cargo luego de comenzar a investigar movimientos financieros y realizar cuestionamientos administrativos.
“Me denunciaron y hasta sacaron un decreto para despedirme”, relató. Sin embargo, explicó que posteriormente la Justicia provincial hizo lugar a un amparo y ordenó su restitución, dejando sin efecto la maniobra impulsada desde el Ejecutivo municipal.
Según su relato, durante el período en que estuvo apartado de sus funciones se aprobaron movimientos económicos sin control opositor dentro del Tribunal de Cuentas. Además, denunció que algunas de las personas que hoy manejan las finanzas municipales se encuentran procesadas por presuntas falsificaciones documentales vinculadas a terrenos de vecinos vulnerables.
La entrevista también apuntó directamente contra el manejo político interno del municipio. Ceballos denunció aprietes a empleados municipales, reparto discrecional de horas extras y utilización de programas sociales o becas con fines electorales durante la última campaña provincial.
“Había más vecinos que becas”, ironizó al describir las largas filas que —según indicó— se generaron para acceder a subsidios y ayudas económicas durante el proceso electoral.
Otro de los puntos más graves de la denuncia involucra el presunto uso de recursos municipales para gastos políticos y partidarios. El dirigente cuestionó pagos por casi cinco millones de pesos vinculados a la organización electoral, pese a que esos costos deberían estar cubiertos por el Estado nacional o provincial.
Además, criticó el manejo de los medios de comunicación locales y aseguró que el municipio destina millones de pesos a sostener espacios afines mientras restringe voces opositoras. Según denunció, incluso el presupuesto destinado a comunicación oficial sería superior al asignado para medicamentos y atención sanitaria.
La situación generó fuerte repercusión dentro de trabajadores municipales y sectores políticos locales, especialmente porque Estación General Paz aparece como una localidad con enorme potencial económico y estratégico dentro del corredor agroindustrial cordobés.
“Es una ciudad que tiene todo para desarrollarse, pero está escondida atrás de una línea de árboles”, graficó Ceballos, al cuestionar la falta de desarrollo urbano y social pese al crecimiento económico de la zona.
El dirigente aseguró que continuarán impulsando acciones judiciales, administrativas y políticas para exigir transparencia y rendición de cuentas. También adelantó que seguirán acompañando reclamos salariales y laborales de trabajadores municipales.
La entrevista dejó una frase que resume el clima de tensión que atraviesa hoy al municipio: “No son errores administrativos… son prácticas sistemáticas para manejar el poder y los recursos públicos con total discrecionalidad”.
Mientras crecen las denuncias y avanza la discusión política en la localidad, el caso de Estación General Paz ya empieza a transformarse en uno de los focos más sensibles de conflicto institucional dentro del interior cordobés.
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