La crisis política y social en Bolivia entró en una fase crítica. Después de más de diez días de protestas, cortes de rutas y enfrentamientos, el gobierno de Rodrigo Paz no logra destrabar los accesos a La Paz y ahora apuesta desesperadamente a un “corredor aéreo” para evitar el desabastecimiento total en la capital boliviana.
La situación es cada vez más tensa. Miles de manifestantes mantienen bloqueadas las principales carreteras del país en rechazo a las políticas económicas del gobierno y exigiendo directamente la renuncia del presidente. En respuesta, el Ejecutivo desplegó un gigantesco operativo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas bajo el nombre de “Corredor Humanitario”, pero el resultado fue un fracaso parcial: varias rutas lograron despejarse momentáneamente y luego volvieron a ser tomadas por los manifestantes.
Según reportes oficiales, más de 3.500 efectivos fueron movilizados para intentar garantizar el paso de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno hacia La Paz y El Alto. Sin embargo, la protesta se extendió y los piquetes continúan paralizando gran parte de la actividad económica y logística del país.
El gobierno boliviano denunció que existe un intento de “desestabilización” política detrás de las protestas, mientras organizaciones campesinas, mineras y sindicales sostienen que la crisis económica, la inflación y la falta de respuestas oficiales empujaron a miles de personas a las rutas.
La tensión escaló todavía más en las últimas horas cuando fuerzas de seguridad avanzaron sobre varios bloqueos utilizando gases lacrimógenos y vehículos antimotines. La Defensoría del Pueblo informó que ya hay al menos 57 personas detenidas entre arrestados y aprehendidos durante los operativos.
En medio del caos, el Ejecutivo decidió reforzar el abastecimiento aéreo para sostener a las ciudades más afectadas por el aislamiento. Incluso Argentina envió ayuda humanitaria mediante un avión Hércules C-130 para colaborar con el traslado de alimentos y suministros esenciales.
El clima político también se deteriora rápidamente. Ocho países de la región manifestaron preocupación por la situación boliviana y crecieron las críticas internacionales ante el riesgo de una escalada de violencia institucional y social.
Mientras tanto, La Paz vive horas dramáticas: largas filas para conseguir combustible, temor al desabastecimiento y una creciente incertidumbre sobre cómo terminará una crisis que ya amenaza con desbordar completamente al gobierno de Rodrigo Paz.
