La administración de Javier Milei cuestionó la nueva Marcha Federal Universitaria realizada en distintos puntos del país y aseguró que se trató de una movilización impulsada por sectores opositores. Mientras tanto, universidades, docentes y estudiantes volvieron a reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron un fuerte ajuste presupuestario.
La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a miles de estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones sociales en distintas ciudades del país para reclamar mayor financiamiento para las universidades públicas. El epicentro de la protesta se desarrolló en Plaza de Mayo, aunque también hubo importantes movilizaciones en Córdoba, Rosario, La Plata, Salta y otras provincias argentinas.
Desde el Gobierno nacional minimizaron el carácter educativo de la protesta y sostuvieron que se trató de una movilización “política” impulsada por sectores opositores y organizaciones sindicales. Funcionarios del Ejecutivo cuestionaron especialmente la participación de dirigentes gremiales, agrupaciones políticas y sectores vinculados al kirchnerismo dentro de la convocatoria universitaria.
La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), gremios docentes y no docentes, junto a centros de estudiantes y organizaciones sociales. El reclamo central apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y respaldada judicialmente, pero que el Gobierno todavía no aplica plenamente.
Rectores universitarios advirtieron que el sistema educativo atraviesa una situación crítica producto de la caída real de las transferencias presupuestarias y el deterioro salarial docente. Según cifras difundidas por el CIN, las universidades nacionales acumulan una pérdida de financiamiento cercana al 45,6% desde 2023, afectando funcionamiento, investigación, becas y hospitales universitarios.
En paralelo, el conflicto universitario también comenzó a sumar respaldo de distintos sectores sociales y culturales. La CGT confirmó su adhesión a la movilización y varias figuras públicas participaron de la protesta. Entre ellas estuvo el actor Joaquín Furriel, quien defendió públicamente la importancia de la educación pública y sostuvo que “la educación es clave, es vital”.
Durante la jornada, las autoridades universitarias también reclamaron a la Corte Suprema que obligue al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Desde las universidades sostienen que el Gobierno mantiene congeladas partidas presupuestarias pese a fallos judiciales favorables y advierten que la situación ya afecta seriamente el funcionamiento académico cotidiano.
El Gobierno de Javier Milei mantiene su postura de sostener el superávit fiscal como prioridad central y argumenta que una actualización automática del financiamiento universitario comprometería las metas económicas oficiales. Sin embargo, desde sectores educativos y opositores remarcan que el ajuste sobre las universidades se transformó en uno de los principales focos de conflicto social durante la gestión libertaria.
Mientras tanto, la masiva convocatoria volvió a mostrar que el reclamo universitario conserva una fuerte capacidad de movilización en todo el país. Las universidades públicas, los gremios y las organizaciones estudiantiles ya anticipan nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no avanza con una solución presupuestaria en las próximas semanas.
Fuente: Filo News
