El Gobierno nacional oficializó un nuevo plan de retiros voluntarios en el INTA con el objetivo de reducir la planta de trabajadores del organismo. La medida forma parte del proceso de ajuste estatal impulsado por Javier Milei y genera preocupación en sectores científicos y productivos.
El gobierno de Javier Milei volvió a avanzar con su política de ajuste sobre el Estado y puso ahora el foco en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. A través de una resolución oficial, el Ejecutivo habilitó un nuevo régimen de retiros voluntarios para trabajadores del INTA, con el objetivo de reducir significativamente la estructura del organismo.
La iniciativa forma parte del plan de recorte impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y busca disminuir la planta de empleados en alrededor de un 20% a 26%, según distintas estimaciones que circulan en ámbitos oficiales y periodísticos. Actualmente, el organismo cuenta con cerca de 5.800 trabajadores distribuidos en todo el país.
No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar en esa dirección. A fines de 2024 ya se había lanzado un esquema similar, aunque la adhesión fue mucho menor a la esperada: apenas unos 300 trabajadores aceptaron el retiro voluntario. Ante ese escenario, ahora se busca ofrecer condiciones económicas más atractivas para incentivar nuevas desvinculaciones.
El nuevo régimen prevé indemnizaciones equivalentes a una vez y media el salario por cada año trabajado, con distintos topes según la edad de los empleados. Además, quienes adhieran no podrán volver a ocupar cargos en el Estado nacional durante un período de cinco años.
Sin embargo, la medida genera fuertes cuestionamientos dentro del organismo. Trabajadores y sectores vinculados al ámbito científico y productivo advierten que el ajuste podría afectar áreas estratégicas de investigación, extensión rural y asistencia técnica a productores agropecuarios.
Una de las mayores preocupaciones pasa por el cierre de agencias de extensión y la reducción de presencia territorial del INTA, especialmente en provincias donde el organismo cumple un rol central en el desarrollo agropecuario y tecnológico. Distintas fuentes señalan que ya comenzaron recortes y cierres de oficinas en Buenos Aires y Córdoba.
Además del impacto laboral, también aparecen dudas sobre el costo económico del propio plan. Informes internos estiman que el programa podría demandar más de 100 mil millones de pesos en compensaciones e indemnizaciones si alcanza los niveles de adhesión proyectados por el Gobierno.
Así, el conflicto en el INTA vuelve a exponer una de las principales tensiones del modelo económico actual: el intento oficial de reducir el tamaño del Estado frente a sectores que advierten sobre las consecuencias productivas, científicas y sociales de ese ajuste. Mientras el Gobierno habla de eficiencia y recorte del gasto, trabajadores e investigadores alertan sobre el riesgo de desmantelar estructuras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
Fuente: Minuto Uno
