La Universidad de Buenos Aires confirmó una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo. El reclamo apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La Universidad de Buenos Aires volvió a colocarse en el centro del conflicto entre el sistema universitario y el gobierno nacional al convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo. La movilización buscará exigir la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el deterioro presupuestario que atraviesan las casas de estudio públicas.
La convocatoria fue impulsada por el Consejo Superior de la UBA y cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes, centros de estudiantes y federaciones universitarias. La marcha tendrá como epicentro la Plaza de Mayo desde las 17 horas y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país.
A través de un video difundido en redes sociales bajo el hashtag “#NuestraLey”, la universidad lanzó un mensaje directo al gobierno de Javier Milei. “Nadie debería estar por encima de la ley”, señalaron desde la institución, en referencia a la falta de aplicación de la norma aprobada por el Congreso.
El conflicto se profundizó en las últimas semanas luego de que distintas universidades denunciaran que el Ejecutivo no transfirió fondos esenciales para el funcionamiento de hospitales universitarios, facultades y programas académicos. Autoridades de la UBA advirtieron incluso que algunos hospitales podrían entrar en una situación de “parálisis total” si no llegan los recursos comprometidos.
Uno de los principales puntos de tensión es la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de actualización automática de partidas presupuestarias y recomposición salarial para docentes y no docentes. Desde las universidades sostienen que el Gobierno no está cumpliendo con la norma pese a fallos judiciales que ordenan su implementación.
El oficialismo, por su parte, rechaza las acusaciones y asegura que las transferencias se realizaron. Funcionarios nacionales sostienen que existe una utilización política del conflicto y cuestionan las movilizaciones impulsadas por el sector universitario.
Más allá de la disputa política, la preocupación en las universidades crece por el impacto concreto del ajuste presupuestario. Rectores, docentes y estudiantes advierten sobre dificultades para sostener investigaciones, becas, salarios, mantenimiento edilicio y servicios de salud vinculados a las casas de estudio públicas.
Así, la nueva Marcha Federal Universitaria vuelve a poner en escena uno de los debates más sensibles del momento: el financiamiento de la educación pública. Con miles de estudiantes, docentes y trabajadores convocados a movilizarse, el conflicto universitario promete convertirse nuevamente en una de las principales expresiones de resistencia frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
Fuente: Minuto Uno
