La dirigente cuestionó el abordaje provincial del conflicto con los “naranjitas” en Córdoba Capital y aseguró que “ya existen todas las ordenanzas necesarias”, aunque denunció una falta de aplicación y presencia del Estado municipal en las calles.
“Tratarlo como un problema provincial, siendo que Córdoba Capital es la única que tiene este problema, es una incoherencia”, sostuvo. Además, recordó que en 2024 el legislador Gregorio Hernández Maqueda presentó un proyecto sobre el tema que fue rechazado por el oficialismo justamente por considerarlo un asunto municipal.
Según planteó, el Gobierno provincial decidió avanzar con el debate recién cuando el tema “empezó a tomar visibilidad y acumular likes”. En ese sentido, afirmó que el verdadero problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de controles: “Lo que falta es el Estado en la calle. Lo vemos en Nueva Córdoba, en Güemes, con puestos de comida funcionando sin controles bromatológicos”.
También cuestionó el funcionamiento de la Guardia Urbana y aseguró que no puede reemplazar el rol de la Policía. “Pueden prevenir y disuadir, pero no tienen poder de policía ni la formación adecuada”, señaló. En ese marco, advirtió sobre la falta de efectivos policiales en la provincia: “El Gobierno dice que hay 22 mil policías, pero los efectivos realmente operativos son muchos menos. Terminás teniendo cerca de 3 mil policías para toda la provincia”.
Además, criticó la inversión en armamento menos letal frente a la escasa capacitación del personal. “Se invirtieron 75 mil millones en pistolas menos letales y apenas 4.200 millones en capacitación”, remarcó, al tiempo que mencionó casos de personas heridas por este tipo de armas, incluida una niña de barrio Zepa que perdió un ojo.
La dirigente también apuntó contra el Tribunal de Conducta Policial, al que definió como “un mecanismo de amedrentamiento”. Denunció situaciones de acoso dentro de la fuerza y sostuvo que muchas mujeres policías terminan sancionadas por denunciar esos hechos o no acceder a situaciones de abuso.
“Hoy hay cerca de 10 mil policías en pasiva por demoras en el Tribunal de Conducta. Si esos casos se resolvieran, habría más policías en la calle”, afirmó. Además, cuestionó el funcionamiento legislativo en materia de seguridad: “Solo se tratan los proyectos que quiere el Ejecutivo. Los demás quedan archivados”.
En otro tramo de la entrevista, habló sobre la sensación de inseguridad en Córdoba y aseguró haberla vivido en carne propia durante los años que residió en barrio Güemes. “La gente está cansada de vivir con miedo. No podés escuchar una moto y pensar automáticamente que te van a robar”, expresó.
También se refirió a la situación laboral en la provincia y sostuvo que Córdoba “dejó de ser competitiva” por la alta presión impositiva. Como ejemplo, mencionó el caso de Mercado Libre, empresa que —según indicó— decidió trasladarse a Villa Allende. “Hay jóvenes sin oportunidades y personas mayores de 50 años que ya quedan fuera del sistema laboral”, señaló.
Consultada sobre la situación política provincial, aseguró que “tiene que haber un cambio de gobierno” y llamó a construir una alternativa opositora sin personalismos. “Si alguien no tiene los votos suficientes y aun así prioriza su candidatura, termina jugando para el oficialismo”, afirmó.
En relación al Frente Cívico y su vínculo con otros espacios opositores, defendió la alianza con La Libertad Avanza y explicó que el reciente locro partidario realizado en el Jardín Botánico tuvo limitaciones económicas y políticas. “Muchos clubes no quisieron alquilarnos espacios porque reciben ayuda económica de la Provincia”, denunció.
Por último, destacó la necesidad de unidad opositora y aseguró que mantienen “una hermosa relación” con dirigentes y legisladores de la Unión Cívica Radical vinculados a Rodrigo de Loredo. “Hay que dejar de lado la soberbia y los personalismos si realmente queremos cambiar la provincia”, concluyó.
