La causa por presunto enriquecimiento ilícito suma un dato explosivo: un contratista aseguró ante la Justicia haber cobrado en efectivo, sin registros, por refacciones millonarias en la vivienda del jefe de Gabinete. La investigación apunta al origen de los fondos y a posibles irregularidades.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo que complica su situación: un contratista declaró bajo juramento haber recibido 245 mil dólares en efectivo por las refacciones realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. El dato, por su magnitud y modalidad de pago, encendió alarmas tanto en el plano judicial como político.
El testimonio fue brindado por el constructor Matías Tabar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según detalló, el dinero fue entregado “en mano”, sin emisión de facturas ni registros formales que respalden la operación.
Las obras realizadas en la vivienda no fueron menores. De acuerdo con la declaración, incluyeron la construcción de pisos y paredes nuevas, la renovación completa de baños y cocina, la instalación de una piscina y la incorporación de una cascada ornamental en el jardín, además de otros espacios como galerías y quinchos.
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es la desproporción entre el valor de compra de la propiedad y el monto invertido en su remodelación. Según consta en la causa, la vivienda habría sido adquirida por unos 120 mil dólares, es decir, menos de la mitad de lo que luego se habría destinado a refacciones.
El eje central de la investigación ahora se concentra en reconstruir el origen de los fondos utilizados para afrontar estos gastos. La fiscalía busca determinar si los movimientos económicos del funcionario y su entorno familiar se condicen con sus ingresos declarados, o si existen inconsistencias que puedan configurar un delito.
El testimonio del contratista no solo aportó cifras, sino también documentación, registros de obra, imágenes y comunicaciones vinculadas a los trabajos realizados. Este material quedó incorporado al expediente y será clave para avanzar en la causa, ya que permitiría verificar la magnitud de las refacciones y la trazabilidad de los pagos.
Otro elemento que genera preocupación es la modalidad de pago en efectivo. En términos judiciales, la ausencia de facturación y de registros bancarios dificulta la trazabilidad del dinero y suele ser considerada un indicio relevante en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito o evasión.
El caso, además, tiene impacto político inmediato. La acumulación de denuncias, sumada a este nuevo testimonio, erosiona la imagen pública del funcionario y pone en tensión el discurso oficial sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Mientras tanto, la Justicia avanza y el expediente suma elementos que podrían tener consecuencias de alto impacto en el escenario político nacional.
Fuente: Minuto uno
