La Justicia Federal dictó nuevas condenas en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Cuatro ex integrantes de las fuerzas represivas recibieron penas de 25 años de prisión por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar.
En una sentencia de fuerte impacto institucional y simbólico, el Tribunal Oral Federal resolvió condenar a cuatro represores por crímenes cometidos en el marco del plan sistemático de persecución ilegal desplegado entre 1976 y 1983. Las penas de 25 años de cárcel alcanzan a ex miembros de las fuerzas armadas y de seguridad involucrados en secuestros, tormentos y desapariciones forzadas.
El fallo se conoció tras un extenso proceso judicial en el que declararon sobrevivientes, familiares de víctimas y especialistas que reconstruyeron el funcionamiento del aparato represivo en la región donde ocurrieron los hechos investigados.
Según se probó durante el debate oral, las víctimas fueron privadas ilegalmente de la libertad, sometidas a torturas físicas y psicológicas y trasladadas a centros clandestinos de detención donde operaba la estructura represiva estatal.
La sentencia volvió a remarcar que estos delitos son imprescriptibles, ya que integran la categoría de crímenes de lesa humanidad. Eso permitió que las investigaciones continuaran décadas después del retorno democrático.
Durante la audiencia hubo presencia de organismos de derechos humanos, familiares y militantes que siguieron cada instancia del juicio. Al conocerse la condena, se vivieron momentos de emoción, abrazos y aplausos en la sala.
Los jueces también destacaron el valor de los testimonios brindados por sobrevivientes, muchos de los cuales debieron esperar años para ser escuchados en sede judicial. Sus relatos fueron centrales para acreditar responsabilidades.
Desde distintos sectores se señaló que estas condenas fortalecen la política de memoria, verdad y justicia construida en Argentina desde la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de juicios por delitos de la dictadura.
A casi medio siglo del golpe de Estado, los procesos continúan avanzando pese al paso del tiempo, las dificultades probatorias y el fallecimiento de numerosos imputados sin sentencia firme.
Especialistas remarcan que cada fallo no solo sanciona responsables individuales, sino que deja documentado judicialmente cómo funcionó el terrorismo de Estado y preserva esa verdad para las nuevas generaciones.
Cada condena por lesa humanidad llega tarde para muchas víctimas, pero nunca deja de ser necesaria. Cuando la Justicia sentencia a represores, no solo castiga delitos del pasado: reafirma que ningún poder puede colocarse por encima de la dignidad humana ni de la memoria colectiva.
Fuente: Pagina12
