La CGT elevó un fuerte reclamo judicial para apartar a los camaristas que resolvieron restablecer la vigencia de la nueva reforma laboral, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno nacional. La central obrera cuestionó la imparcialidad de los magistrados y denunció irregularidades en el tratamiento del caso.
El conflicto gira en torno a la normativa impulsada por la administración de Javier Milei, que modifica condiciones de contratación, régimen indemnizatorio, modalidades laborales y poder sindical en distintos ámbitos. Para el oficialismo, se trata de una modernización necesaria para generar empleo formal.
Desde la CGT sostienen exactamente lo contrario: consideran que la ley implica una pérdida de derechos históricos, precariza relaciones laborales y debilita herramientas de negociación colectiva conquistadas durante décadas.
La decisión judicial de devolver vigencia a la norma encendió alarmas sindicales y aceleró una nueva ofensiva legal. Además del pedido de apartamiento de jueces, la central analiza medidas gremiales y movilizaciones en defensa del marco laboral vigente.
Especialistas señalan que el expediente puede escalar hasta instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que convertiría el tema en una batalla institucional de largo alcance.
Mientras tanto, la disputa refleja uno de los núcleos más duros del actual modelo económico: flexibilización laboral versus protección de derechos adquiridos.
