Acorralado por una creciente ola de denuncias de corrupción que golpean de lleno a su gabinete, Javier Milei decidió redoblar su enfrentamiento con la prensa y avanzar con una medida sin precedentes: cerrar la sala de periodistas de la Casa Rosada y restringir el acceso a todos los acreditados.
La decisión, ampliamente repudiada por organizaciones periodísticas como Foro de Periodismo Argentino, fue justificada oficialmente con argumentos de “seguridad nacional” tras una denuncia por presunto espionaje contra periodistas de Todo Noticias. Sin embargo, el carácter extremo de la medida y la ausencia de una resolución judicial firme alimentan la sospecha de que el verdadero objetivo es evitar el escrutinio público en un momento políticamente comprometido para el gobierno.
FOPEA calificó la restricción como “de extrema gravedad institucional”, advirtiendo que limita la capacidad de la sociedad de controlar a sus gobernantes y rompe las condiciones básicas para la cobertura del Poder Ejecutivo. La decisión profundiza así un vínculo ya deteriorado tras meses de ataques verbales del Presidente contra periodistas y la cancelación selectiva de acreditaciones.
El endurecimiento del Gobierno ocurre en paralelo a la acumulación de escándalos que comprometen a figuras clave del oficialismo. En el centro de la tormenta aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia analiza gastos en efectivo por miles de dólares en viajes de lujo, inconsistencias en la compra de propiedades y movimientos financieros difíciles de justificar frente a sus ingresos declarados.
Lejos de tomar distancia, Milei y su hermana, Karina Milei, cerraron filas en su defensa y desestimaron las denuncias como “basura mediática”. Esa postura tensiona el discurso anticorrupción del propio Presidente, mientras se multiplican otros casos que involucran desde presuntas irregularidades en compras públicas hasta investigaciones por patrimonio no declarado de funcionarios como Carlos Frugoni.
En este contexto, el cierre de la sala de prensa aparece más como un intento de blindaje frente al desgaste político que como una medida de seguridad. La escalada contra los medios, en uno de los momentos más críticos del Gobierno, refuerza las dudas sobre la transparencia y el acceso a la información pública en la Argentina actual.
Fuente: Primereando las noticias
