Las nuevas medidas apuntan a profundizar la desregulación del sistema energético, modificar la formación de precios y trasladar mayores costos al sector privado
El Gobierno nacional avanzó con nuevos cambios en el mercado eléctrico que impactan directamente en las reglas de juego para las empresas generadoras y en los costos de los combustibles utilizados para producir energía. Las medidas, impulsadas por la Secretaría de Energía, forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración del sistema energético, orientado a reducir la intervención estatal y avanzar hacia un esquema de precios más cercano al mercado.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la modificación en la forma en que se gestionan y pagan los combustibles utilizados por las centrales térmicas. El Gobierno busca que las propias empresas generadoras asuman un rol más activo en la compra de insumos como gas o combustibles líquidos, dejando atrás el esquema centralizado que históricamente administraba el Estado a través de CAMMESA.
Este cambio implica avanzar hacia un modelo descentralizado, donde cada generador deberá optimizar sus costos y condiciones de abastecimiento, introduciendo mayores incentivos a la eficiencia pero también mayor exposición a la volatilidad de los precios internacionales de la energía. En paralelo, se establecen nuevos mecanismos para trasladar esos costos al mercado mayorista eléctrico.
Las medidas también redefinen los criterios de remuneración de la generación eléctrica, en particular para aquella energía que no cuenta con contratos previos. En este esquema, se consolida la tendencia hacia precios basados en costos marginales, es decir, determinados por la oferta y la demanda en cada momento, en lugar de valores administrados por el Estado.
El objetivo oficial es avanzar en la “normalización” del mercado eléctrico mayorista, un proceso iniciado en 2025 que busca dejar atrás años de fuerte intervención estatal, subsidios generalizados y distorsiones en los precios. La intención es construir un sistema más competitivo, transparente y sustentable desde el punto de vista fiscal.
Sin embargo, estos cambios también implican un impacto directo sobre los costos de generación, que en última instancia tienden a trasladarse a las tarifas que pagan usuarios y empresas. El sinceramiento de los precios de la energía es uno de los pilares de la política económica actual, en línea con la reducción del gasto público en subsidios.
En este contexto, el nuevo esquema redefine el rol de CAMMESA dentro del sistema eléctrico. La compañía, que históricamente actuó como intermediaria clave en la compra de combustibles y la administración del mercado, pierde centralidad en favor de un modelo donde los actores privados tienen mayor autonomía operativa.
Desde el sector energético advierten que la transición hacia este modelo plantea desafíos importantes, especialmente en términos de previsibilidad y financiamiento de inversiones. La mayor exposición a precios de mercado podría generar incentivos a la eficiencia, pero también aumentar la incertidumbre en un contexto económico todavía inestable.
Con estos cambios, el Gobierno profundiza su estrategia de desregulación del sistema energético y consolida un giro hacia un modelo basado en precios reales y competencia privada. En ese camino, el equilibrio entre eficiencia económica, inversión y acceso a la energía será uno de los principales desafíos para los próximos años.
Fuente: 50ambito
