La canasta de servicios públicos en el AMBA registró un aumento cercano al 50% interanual, superando ampliamente a la inflación y consolidándose como uno de los principales factores de presión sobre los ingresos de los hogares.
El costo de los servicios públicos volvió a ubicarse en el centro de la preocupación económica. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta que incluye luz, gas, agua y transporte acumuló un incremento cercano al 49% en el último año, una suba que supera por amplio margen la evolución general de los precios.
El dato refleja una tendencia sostenida: los servicios básicos se encarecen más rápido que la inflación. En términos concretos, un hogar promedio sin subsidios necesitó en abril alrededor de $212.694 para cubrir estos gastos esenciales, lo que marca el peso creciente de estos rubros en la economía familiar.
Aunque en la comparación mensual se registró una leve baja del 0,4%, el alivio es apenas circunstancial. La caída se explica principalmente por factores estacionales, como el menor consumo de electricidad en abril, y no por una reducción estructural de tarifas.
De hecho, otros componentes de la canasta siguieron en alza. El gas natural aumentó cerca de un 16% por mayor consumo y ajustes tarifarios, mientras que el transporte volvió a incrementarse y se mantiene como el rubro de mayor impacto en el gasto total de los hogares.
El transporte, en particular, explica alrededor del 50% del costo total de la canasta de servicios. Este dato no es menor: muestra que la movilidad cotidiana se ha transformado en el principal factor de presión dentro del gasto mensual.
En relación con los ingresos, la situación es aún más clara. Actualmente, los servicios públicos representan aproximadamente el 12,2% del salario promedio registrado, lo que implica una porción significativa del presupuesto familiar destinada exclusivamente a cubrir necesidades básicas.
El esquema de subsidios también juega un rol clave. Hoy, los usuarios pagan en promedio el 61% del costo real de los servicios, mientras que el Estado cubre el 39% restante. Sin embargo, la tendencia apunta a una mayor transferencia del costo hacia los hogares.
A más largo plazo, el impacto es aún más profundo. Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026, la canasta de servicios acumuló un aumento del 667%, muy por encima del crecimiento del nivel general de precios, lo que evidencia un proceso acelerado de recomposición tarifaria.
En este contexto, los servicios dejan de ser un gasto más para convertirse en un condicionante estructural del consumo. A medida que ocupan una mayor porción del ingreso, obligan a las familias a recortar otros rubros, afectando la calidad de vida.
El resultado es un escenario donde garantizar lo básico —luz, gas, agua y transporte— se vuelve cada vez más costoso. Y donde la discusión sobre tarifas ya no es solo económica, sino profundamente social.
Fuente: 50ambito
