Organizaciones de personas con discapacidad repudiaron el proyecto del Gobierno para investigar presunto fraude en pensiones y convocaron a una movilización, al advertir que la iniciativa puede dejar a miles fuera del sistema.
El proyecto oficial para reformar el sistema de pensiones por invalidez abrió un nuevo frente de conflicto social. Organizaciones vinculadas a la discapacidad rechazaron la iniciativa impulsada por el Gobierno y convocaron a una marcha para visibilizar su rechazo.
La propuesta, denominada “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, fue enviada al Congreso con el argumento de ordenar el sistema y detectar irregularidades en la asignación de beneficios. Sin embargo, desde el sector advierten que el enfoque pone en riesgo derechos adquiridos.
El principal cuestionamiento apunta a que la iniciativa instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad, al asociar el sistema principalmente con posibles fraudes en lugar de enfocarse en garantizar derechos.
En ese contexto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue uno de los primeros en expresar su rechazo. Desde ese espacio afirmaron que el proyecto “desvía el foco de la verdadera problemática”, que es la crisis estructural del sistema.
Entre los puntos más polémicos de la iniciativa aparece el reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios. Esto implica que deberán volver a acreditar su condición médica, económica y laboral para mantener la pensión.
Además, el proyecto contempla el cruce de datos con organismos estatales como ANSES y otros sistemas públicos, lo que habilita la posibilidad de suspensiones preventivas ante inconsistencias detectadas.
Otro de los aspectos más cuestionados es que la falta de cumplimiento en los plazos de revalidación podría derivar en la baja automática del beneficio, incluso sin instancias claras de revisión previa.
También genera preocupación la incompatibilidad más estricta con el empleo formal. De aprobarse la norma, una persona con discapacidad que acceda a un trabajo registrado podría perder automáticamente la pensión, sin contemplar su nivel de ingresos o situación particular.
Desde las organizaciones advierten que este punto, lejos de fomentar la inclusión, desincentiva la inserción laboral y profundiza la exclusión social.
En paralelo, el proyecto establece cambios en el monto del beneficio y elimina algunos adicionales, lo que en la práctica podría significar una pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios.
Frente a este escenario, distintos colectivos convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud con una consigna clara: “La discapacidad no puede esperar”.
La protesta busca frenar el avance legislativo y exigir que cualquier reforma del sistema se realice desde un enfoque de derechos y no desde una lógica de ajuste o control.
En definitiva, el debate trasciende lo técnico. Lo que está en juego es el modelo de política social: si el sistema de pensiones será una herramienta de inclusión o un mecanismo cada vez más restrictivo en un contexto de creciente vulnerabilidad.
Fuente: Minuto Uno
