La crisis en el PAMI comienza a tener impacto político directo: dos importantes aliados provinciales del gobierno de Javier Milei empezaron a tomar distancia ante el deterioro del sistema y el creciente malestar social.
El PAMI, que brinda cobertura a millones de jubilados, atraviesa un momento crítico.
Denuncias por recortes, demoras en prestaciones y problemas en la atención se multiplican en todo el país.
La situación genera preocupación no solo en los beneficiarios, sino también en los gobiernos provinciales.
Algunos mandatarios que inicialmente respaldaban al Gobierno nacional comienzan a marcar diferencias.
El desgaste del sistema impacta directamente en la calidad de vida de los adultos mayores.
Medicamentos, turnos y prestaciones básicas aparecen entre los principales reclamos.
En este contexto, los aliados políticos de Milei enfrentan presión en sus territorios.
El costo político de sostener el ajuste en áreas sensibles empieza a hacerse visible.
Por eso, algunos optan por tomar distancia para evitar quedar asociados al conflicto.
Desde el Gobierno nacional sostienen que se trata de un proceso de ordenamiento.
Sin embargo, las críticas apuntan a que el ajuste afecta directamente a sectores vulnerables.
El caso del PAMI se convierte así en un termómetro del impacto social de las políticas económicas.
Además, evidencia las tensiones dentro del propio armado político del oficialismo.
El equilibrio entre apoyo político y costo social se vuelve cada vez más difícil de sostener.
Cuando el ajuste toca áreas sensibles como la salud de los jubilados, la política deja de ser abstracta. El PAMI no es solo un organismo: es la red de contención de millones de personas. Y cuando esa red se debilita, también se resquebrajan los apoyos. Porque hay límites que, incluso en política, son difíciles de cruzar sin pagar un costo.
Fuente: Politica Argentina
