El superintendente de Servicios de Salud quedó en el centro de la polémica tras revelarse que tendría al menos dos empresas offshore en Panamá, lo que desató un fuerte debate sobre transparencia en el Gobierno.
La investigación periodística reveló la existencia de estructuras societarias en el exterior vinculadas al funcionario, lo que encendió alarmas sobre posibles conflictos de interés.
Las offshore, por su naturaleza, suelen utilizarse para operaciones financieras en jurisdicciones de baja regulación, lo que genera sospechas en casos de funcionarios públicos.
Desde el Gobierno intentaron relativizar la situación, aunque no negaron la existencia de dichas empresas.
Especialistas en ética pública señalaron que este tipo de estructuras deben ser informadas con total transparencia para evitar irregularidades.
La oposición exigió explicaciones inmediatas y pidió investigar si hubo incompatibilidades con el ejercicio de la función pública.
El caso se suma a otros cuestionamientos sobre funcionarios libertarios, profundizando la crisis de credibilidad.
En redes sociales, la noticia generó fuerte indignación, especialmente por el contraste con el discurso anticasta.
Fuente: Infogremiales
