Entrevista exclusiva en Informativo Cordobés – Multimedio Mordisquito
En diálogo con Informativo Cordobés, el concejal de Villa Allende Julio Loza lanzó durísimas críticas contra el proyecto municipal que busca instalar portones automáticos en distintos barrios como presunta medida de seguridad. Lo calificó como un “experimento” sin sustento técnico, afirmó que restringe libertades constitucionales, denunció un gasto millonario injustificado y advirtió que la medida podría derivar en un negocio privado. Vecinos ya presentaron amparos y comenzaron a sufrir las primeras consecuencias: pozos abiertos frente a sus casas y accesos bloqueados.
“Esto es un experimento sobre la libertad de los vecinos”
Durante la entrevista en Informativo Cordobés, Loza no dejó margen para interpretaciones:
“Esto no pasa de ser un experimento. Un experimento a costa de la libertad ambulatoria de la gente, sin ningún sustento técnico ni estudio serio.”
El concejal cuestionó duramente al intendente y a su secretario de Gobierno, a quienes acusó de buscar notoriedad mediática más que soluciones reales para la inseguridad. Según explicó, la iniciativa no tiene antecedentes en el país —excepto un caso aislado en Mendoza que fue desmontado por los propios vecinos— y carece de respaldo normativo o evidencia de eficacia.
Un fallo exprés y un amparo que llegó al Tribunal Superior
Loza detalló que numerosos vecinos presentaron un amparo contra la ordenanza de los portones. Aunque la Cámara Contenciosa Administrativa lo rechazó, el concejal denunció la extraña fecha y hora del fallo:
“Lo sacaron el 30 de diciembre a las 13 hs, justo antes de la feria judicial. Claramente buscaban que pasara desapercibido.”
El rechazo fue apelado y ahora el expediente está en manos del Tribunal Superior, pero Loza es escéptico:
“Tienen apelaciones desde junio sin resolver. Dudamos que se expidan con urgencia.”
Pozos en las veredas y accesos bloqueados: el conflicto ya se ve en la calle
La entrevista reveló que la medida no es un anuncio: ya está en ejecución.
Los equipos municipales comenzaron a abrir pozos en las veredas para colocar las bases de los portones. En uno de los casos, un vecino amaneció con un enorme cráter bloqueando directamente el ingreso a su casa.
“Esto recién empieza. La gente no tomó dimensión hasta que vio el pozo en la puerta”, afirmó Loza.
Una inversión millonaria y contradictoria
Uno de los puntos más fuertes de la nota fue el análisis del gasto:
- 109 millones de pesos para fabricar 13 portones
- 85 millones más para instalarlos
- Total: 200 millones, solo en la primera etapa, abarcando dos barrios.
Loza cuestionó que el intendente se había justificado diciendo que no había plata para instalar más cámaras de seguridad.
El concejal lo desmintió tajantemente:
“Es falso. El presupuesto de Villa Allende es de 36 mil millones de pesos y tiene partidas específicas para tecnología y cámaras. Esto es un invento, no una solución.”
Acusaciones de clasismo y declaraciones polémicas del intendente
Loza también reveló declaraciones del intendente que encendieron la polémica. En una entrevista, el jefe comunal dijo que muchos vecinos de los barrios afectados “no podían pagar expensas para vivir en un country” y que él buscaba brindarles la “sensación” de un barrio cerrado.
La respuesta del concejal fue contundente:
“Yo nací en Villa Allende y nunca quise vivir en un country. No es el intendente quien va a decidir encerrarme ‘para que me sienta mejor’. Es un razonamiento clasista y autoritario.”
¿Quién va a manejar los portones? ¿Y a qué costo?
Otro de los puntos críticos que marcó Loza es la falta de una logística clara:
- El municipio planea que empleados municipales abran y cierren los portones todos los días.
- Eso implica más personal, más horas, más presupuesto.
- Según el concejal, esto derivará en la privatización del servicio, con un canon obligatorio que pagarán los vecinos.
“Este año no lo cobran porque no está en la impositiva. Pero el año que viene lo agregan, no tengo dudas.”
“Nadie los quiere”: resistencia vecinal en aumento
Según cifras que Loza confirmó en la entrevista, más de 3.000 vecinos firmaron contra el proyecto. Los pedidos de audiencia al intendente fueron ignorados y la tensión crece a medida que los portones comienzan a instalarse.
El concejal anticipó un conflicto social creciente:
“Cuando empiecen a ver los portones cerrados y los pozos frente a sus casas, la gente va a salir masivamente a protestar. Es inevitable.”
Seguridad: la pregunta clave
El periodista hizo la pregunta más directa:
“Si los vecinos no se benefician y encima se perjudican, ¿quién gana con este proyecto?”
La respuesta de Loza fue política y punzante:
“El intendente gana exposición mediática. Aparece en todos los medios provinciales y nacionales con esta idea supuestamente innovadora. Y luego, cuando se privatice la operación, habrá empresarios beneficiados. Es una jugada política y económica.”
La entrevista dejó al desnudo una tensión que crece en Villa Allende: una medida que promete seguridad, pero que en la práctica abre pozos, cierra calles, restringe libertades y consume millones del presupuesto municipal.
En medio del caos económico y de la falta de soluciones reales, el proyecto de los portones aparece como un símbolo: cuando la política ofrece encierro en lugar de protección, algo está fallando de raíz.
Mientras el Tribunal Superior define el futuro legal de la ordenanza, la presión de los vecinos y el debate público prometen convertir este conflicto en uno de los más polémicos del año en Córdoba.
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