En una sesión cargada de discusiones políticas y cruces entre bloques, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó este miércoles una ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches, también conocidos como “trapitos”, en toda la capital provincial. La norma, respaldada por el oficialismo y rechazada por sectores opositores y organizaciones sociales, busca “ordenar el espacio público”, pero abre un debate profundo sobre empleo informal, seguridad, marginalidad y el rol del Estado frente a las economías de subsistencia.
La nueva legislación establece la prohibición total de la actividad de cuidacoches en la ciudad de Córdoba e incluye un régimen de sanciones económicas y penales para quienes continúen con la práctica. La ley se aprobó luego de semanas de debate público y presiones de distintos sectores que reclaman mayor control y seguridad en zonas urbanas.
El oficialismo justificó la medida asegurando que la actividad “no solo carece de regulación formal, sino que en muchos casos genera situaciones de extorsión, inseguridad y conflicto con vecinos y comerciantes”. Desde esa perspectiva, la decisión apunta a garantizar mayor ordenamiento urbano e igualdad ante la ley.
Sin embargo, organizaciones sociales y sectores de la oposición denunciaron que la ley criminaliza la pobreza y desconoce que cientos de personas ejercen esa actividad como única fuente de ingresos en un contexto de crisis económica creciente. Subrayaron que eliminar la figura del cuidacoches sin ofrecer alternativas laborales o programas de inclusión deja a un sector vulnerado en aún mayor precariedad.
Desde los bloques opositores también se criticó el “criterio punitivo” de la norma, señalando que la prohibición no resuelve el problema estructural de falta de empleo genuino ni aborda las razones sociales que llevan a que miles de personas se sostengan en la informalidad.
Fuentes legislativas informaron que la iniciativa viene acompañada de un compromiso del Ejecutivo provincial para reforzar el control en zonas céntricas y eventos masivos, con un mayor despliegue policial y de inspectores municipales. Sin embargo, aún no se anunciaron programas concretos que permitan reconvertir laboralmente a quienes dependen de esta actividad.
El debate también se trasladó a las calles, donde agrupaciones de trabajadores informales realizaron manifestaciones frente a la Legislatura sosteniendo que “ser cuidacoches no es un delito, es supervivencia”. Los manifestantes exigieron medidas de inclusión real y políticas públicas que generen empleo digno.
Distintos especialistas en políticas sociales advirtieron que la medida podría tener efectos contraproducentes si no se acompaña con estrategias de contención y alternativas laborales, ya que podría empujar a muchas personas a situaciones de mayor vulnerabilidad o incluso a actividades ilícitas.
En paralelo, sectores vecinales celebraron la aprobación de la ley, afirmando que desde hace años conviven con situaciones de intimidación o coacción vinculadas a la actividad. Para ellos, la prohibición representa una respuesta esperada y un avance en términos de convivencia urbana.
El texto aprobado entrará en vigencia de manera inmediata, y se espera que las próximas semanas definan cómo será su aplicación concreta y qué medidas tomará el Ejecutivo para evitar que la problemática simplemente se desplace a otras zonas.
La prohibición de los cuidacoches en Córdoba es mucho más que una ley: es un espejo que refleja la desigualdad estructural del país. Mientras unos celebran el orden urbano, otros pierden su única fuente de subsistencia. El verdadero desafío no será sancionar a quienes intenten seguir trabajando, sino construir soluciones que integren, que incluyan y que entiendan que la marginalidad no se desmonta con decretos, sino con políticas públicas serias.
El orden sin justicia social es apenas un espejismo. Córdoba acaba de dar un paso decisivo: ahora deberá decidir si ese paso conduce a una ciudad más segura o a una más desigual.
Fuente: La nueva mañana
