La situación del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, vuelve a encender alarmas luego de que su defensa informara un grave deterioro en su salud, atribuida al estrés, las condiciones del proceso judicial y lo que consideran una renovada campaña de persecución política. El exfuncionario enfrenta múltiples causas que se reactivaron en paralelo a la nueva agenda del Gobierno nacional.
La preocupación por el estado de salud de De Vido se intensificó durante las últimas semanas, tras conocerse informes médicos que revelan complicaciones cardíacas, problemas respiratorios y un cuadro de hipertensión agravado. Su entorno apuntó directamente a la presión ejercida por el Poder Judicial en causas que, aseguran, “carecen de fundamentos nuevos”.
Según su familia, el exministro se encuentra “notablemente debilitado”, lo que motivó pedidos de revisión de calendarios procesales y nuevas solicitudes para garantizarle condiciones dignas durante las audiencias. Abogados defensores indicaron que algunas instancias judiciales avanzan “sin considerar el cuadro clínico”, lo que calificaron como un hostigamiento institucional.
Las reacciones políticas no tardaron en llegar. Dirigentes del peronismo y referentes de organismos de derechos humanos señalaron que se trata de un “ensañamiento judicial” que responde a un clima de persecución contra figuras asociadas a gestiones anteriores. Varios remarcaron similitudes con lo ocurrido en otros países con líderes opositores.
Mientras tanto, para sectores opositores, el avance sobre De Vido forma parte del “cumplimiento de procesos judiciales demorados” y sostienen que posee responsabilidad directa en hechos de corrupción. Sin embargo, los abogados del exministro remarcan que la mayoría de las causas “fueron desestimadas o desinfladas”, aunque ahora son reabiertas “sin material probatorio nuevo”.
El deterioro de su salud reabrió el debate sobre la judicialización de la política en Argentina. Distintos analistas señalan que en los últimos años se ha consolidado un “sistema paraestatal de disciplinamiento” que combina presión mediática, actores judiciales y clima social adverso.
Este caso también vuelve a poner sobre la mesa el uso de las prisiones preventivas prolongadas, las reactivaciones intempestivas de causas archivadas y la utilización del aparato judicial como herramienta política, una discusión que persiste desde hace más de una década.
La defensa de De Vido insiste en que el exfuncionario es víctima de “una persecución motivada por revanchismo político”, y remarcan que su edad y estado clínico deberían ser considerados de manera prioritaria. Solicitaron además que organismos internacionales sigan el caso.
Más allá del debate sobre responsabilidades políticas, el caso De Vido vuelve a exponer la necesidad de un sistema judicial que actúe con criterios humanitarios y procesales claros. La democracia se fortalece cuando la justicia opera sin presiones y con respeto a las garantías esenciales, incluso para quienes enfrentan fuertes cuestionamientos públicos.
Fuente: Primereando las noticias
