El caso Libra, el mayor escándalo cripto del país, sumó un nuevo capítulo tras revelarse que diez líneas telefónicas fueron dadas de alta a nombre del presidente Javier Milei en medio del estallido judicial por estafas millonarias vinculadas a la plataforma. La información generó un cimbronazo político y abrió interrogantes sobre operaciones de inteligencia ilícitas.
Las líneas telefónicas habrían sido activadas entre diciembre y febrero, coincidiendo con el momento en que estalló públicamente la causa que investiga una red de estafas con criptomonedas, lavado de activos y triangulación financiera. La pregunta principal es quién habilitó esas líneas y con qué propósito.
Fuentes cercanas a la investigación sostienen que podría tratarse de operaciones de espionaje ilegal, suplantación de identidad o intentos de intervenir comunicaciones oficiales. Las empresas telefónicas ya entregaron documentación a la Justicia, que analiza si se falsificaron documentos.
El Gobierno reaccionó rápidamente, calificando la maniobra como un “ataque contra la estabilidad institucional” y sugiriendo que podría tratarse de sectores opositores. Sin embargo, voces críticas dentro del propio oficialismo pidieron prudencia y exigieron una auditoría independiente.
El caso Libra ya había generado un fuerte impacto político debido a la participación de empresarios vinculados al Gobierno y la sospecha de operaciones especulativas con información privilegiada. La aparición de líneas telefónicas vinculadas al Presidente elevó el nivel de alarma institucional.
Expertos en ciberseguridad advirtieron que dar de alta líneas a nombre de un mandatario es un delito grave, con implicancias que van desde espionaje político hasta posibles montajes judiciales. También alertaron sobre el riesgo de que esas líneas se hayan usado para coordinar operaciones financieras o comunicacionales.
La causa, que acumula miles de damnificados, sigue sumando irregularidades: perfiles falsos, triangulación de fondos y vínculos con plataformas internacionales de dudoso origen. Ahora, la Justicia deberá determinar si las líneas se usaron para actividades ilícitas o para incriminar al Presidente.
El episodio también desató un intenso debate público sobre la necesidad de reforzar la seguridad digital del Estado, en un contexto donde los ciberdelitos crecen rápidamente y se mezclan con operaciones políticas.
El criptoescándalo Libra ya no es solo un caso de estafas financieras: es un síntoma del descontrol institucional en materia digital. Proteger la identidad del Presidente debería ser una prioridad del Estado, no una vulnerabilidad explotada por actores desconocidos.
Fuente: El Destape
