En las últimas horas, se conocieron nuevos casos que refuerzan las sospechas de privilegios y falta de transparencia en la asignación de préstamos millonarios a figuras cercanas al poder.
Entre los nombres que salieron a la luz aparece el de Juan Pedro Inchauspe, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien habría solicitado más de 510 millones de pesos. Su caso se vuelve especialmente sensible por su rol dentro del organismo que regula el sistema financiero, en medio de una lista creciente de beneficiarios vinculados al oficialismo.
La polémica no se limita a un caso aislado. En los últimos dos años, distintos funcionarios y dirigentes accedieron a créditos que, en muchos casos, superan ampliamente su patrimonio declarado ante la Justicia, lo que despierta fuertes cuestionamientos sobre posibles irregularidades o trato preferencial.
Entre los casos más llamativos también figuran Felipe Núñez, director del BICE y cercano al ministro de Economía Luis Caputo, quien solicitó 475 millones de pesos pese a declarar bienes por menos de 20 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con un crédito de 367 millones; Emiliano Mongilardi, director de YPF, con 302 millones; y Guillermo Patricio Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, con 204 millones. Hasta el momento, varios de ellos no han dado explicaciones públicas.
El escándalo escaló aún más tras la revelación del caso de Leandro Massaccesi, funcionario del Ministerio de Capital Humano, quien fue desplazado de su cargo luego de que se conociera que había accedido a un préstamo de 400 millones de pesos con condiciones preferenciales. Su salida no logró frenar la controversia, que ya golpea de lleno a la estructura del Gobierno.
Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, analizados por la plataforma “¿Cuánto deben?”, al menos 1.440 personas políticamente expuestas recibieron créditos hipotecarios. El cruce con declaraciones juradas permitió detectar inconsistencias significativas entre los montos otorgados y los patrimonios declarados.
El listado también incluye a legisladores del oficialismo, lo que amplía el alcance del escándalo dentro del entramado político. A medida que se suman nombres y cifras, crece la presión pública y política para que el Gobierno dé explicaciones claras sobre los criterios utilizados por el Banco Nación y el posible uso discrecional de recursos estatales.
Fuente: Primereando las noticias
