El Gobierno nacional avanza contrarreloj para reglamentar la reforma laboral incluida en el decreto ómnibus, ante el riesgo de que la Justicia laboral declare inconstitucionales varios de sus artículos. La decisión fue tomada luego de que múltiples cámaras del trabajo adelantaran fallos que podrían frenar la implementación de las modificaciones.
La Casa Rosada teme un escenario similar al de la ley Bases en sus primeros meses, cuando varios jueces frenaron parcialmente medidas por falta de reglamentación o por excesos en la delegación de facultades. Con ese antecedente, Milei instruyó al Ministerio de Trabajo para acelerar la redacción de cada norma complementaria.
Según fuentes oficiales, el objetivo es “blindar jurídicamente” la reforma para evitar que los sindicatos presenten amparos exitosos. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la eliminación de multas por empleo no registrado, la flexibilización de indemnizaciones y los cambios en el período de prueba.
Los gremios ya preparan demandas masivas. Para la CGT, la reforma “es abiertamente inconstitucional” porque afecta derechos históricos. También adelantaron medidas de fuerza si el Gobierno insiste en avanzar sin consenso.
La oposición acompañó los cuestionamientos y advirtió que la reforma “es un retroceso de décadas” y genera un sistema laboral totalmente favorable a los empleadores. Varios especialistas en derecho laboral coinciden en que la norma vulnera principios constitucionales.
En paralelo, empresarios presionan para que la reforma se aplique cuanto antes. Sostienen que el esquema laboral actual desalienta el empleo formal y aseguran que necesitan “previsibilidad legal”.
La Corte Suprema podría intervenir si se acumulan fallos contradictorios en distintos tribunales. El Gobierno teme ese escenario, dado que el máximo tribunal no suele avalar medidas que recortan derechos adquiridos sin debate legislativo.
Mientras tanto, el clima social sigue caldeado. Las centrales sindicales analizan convocar a una nueva jornada de paro nacional si el Gobierno avanza con la reglamentación.
El Gobierno quiere blindar por decreto lo que no puede sostener en tribunales. Pero la Justicia tiene memoria: los derechos laborales no se reescriben a lápiz. Si Milei insiste en imponer la reforma sin consenso, la conflictividad social será inevitable.
