Agostina Páez, abogada y figura central en un caso judicial de alto impacto mediático, habló públicamente sobre la difusión del video que muestra a su padre involucrado en una situación que podría agravar su situación procesal. La letrada manifestó su profunda preocupación y reconoció que las imágenes “complican un poco el caso”, pero pidió prudencia y respeto hacia su familia.
El video, difundido en redes y luego reproducido por MinutoUno, muestra a su padre en un episodio que, según los investigadores, podría constituir un nuevo elemento probatorio. La circulación viral del material generó un clima de tensión y reabrió el debate público sobre la responsabilidad penal del acusado.
Agostina señaló que la viralización del video no solo pone en riesgo la estrategia defensiva, sino que expone a su familia a un escrutinio mediático que considera injusto. “No podemos enfrentar un proceso penal en las redes sociales”, afirmó.
La abogada también criticó la filtración del material, asegurando que forma parte de una campaña para condicionar a la Justicia. “Estos videos no aparecen solos. Alguien los entrega buscando un impacto político o mediático”, sostuvo.
Mientras tanto, los fiscales del caso confirmaron que el material será incorporado al expediente y que podría modificar el análisis sobre los hechos investigados. No adelantaron conclusiones, pero remarcaron que el video es “relevante”.
Expertos en derecho penal explican que la aparición de pruebas audiovisuales suele tener un impacto determinante en la opinión pública, lo que a veces termina presionando a los tribunales.
En sectores del oficialismo y la oposición, el caso generó posiciones encontradas. Algunos piden investigar más a fondo, otros llaman a no estigmatizar antes de tiempo.
Agostina Páez cerró su declaración pidiendo respeto por la dignidad de su familia y asegurando que seguirá defendiendo a su padre “con la ley en la mano”.
Cuando un caso judicial se transforma en espectáculo, la Justicia pierde y la sociedad también. El video puede servir como prueba, pero no debe reemplazar el debido proceso. La presunción de inocencia no puede ser víctima de la viralización.
