La provincia de Corrientes atraviesa una crisis severa en materia de obra pública. Empresas constructoras, sindicatos y organizaciones civiles alertaron que la mayoría de los proyectos están paralizados y que no se están pagando certificados desde hace meses.
El ajuste nacional dejó sin fondos a los proyectos dependientes del Gobierno central. Mientras tanto, las obras provinciales también están frenadas por falta de presupuesto.
Las cámaras empresarias de Corrientes advierten que cientos de trabajadores están siendo suspendidos y que algunas empresas evalúan cerrar.
Los intendentes reclaman que la paralización afecta infraestructura básica como viviendas, rutas, escuelas y redes de agua potable. La situación sanitaria y educativa está en riesgo.
Ante el deterioro, múltiples sectores solicitaron una audiencia urgente al gobernador Valdés para coordinar un plan de emergencia.
Economistas locales aseguran que la construcción es uno de los motores de empleo más importantes y que la paralización tendrá efectos dramáticos en los próximos meses.
El Gobierno provincial culpa al ajuste nacional, mientras que Nación insiste en que “no hay plata”.
Cuando la obra pública se detiene, la economía respira con dificultad. Corrientes es hoy el espejo de un país que se achica a pesar de las necesidades crecientes. La política debe reaccionar antes de que no quede nada por reconstruir.
