A 50 años del horror… todavía cantamos

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Estamos transitando el 50 aniversario del infame golpe de estado de 1976 en Argentina que instauro el “Proceso de Reorganización Nacional” por parte de la más feroz dictadura militar que tuvo nuestro país. Pero este evento no puede explicarse recluyéndose en forma reduccionista en la causas internas que lo alimentaron sino que es indispensable la valoración geopolítica externa que lo propulso.

Los golpes de Estado que atravesaron América Latina durante la Guerra Fría no pueden comprenderse de manera adecuada si se los reduce a crisis institucionales nacionales, a desbordes militares internos o a meras reacciones coyunturales frente a conflictos políticos domésticos. El ensayo adjunto parte de una hipótesis más amplia: aquellas rupturas del orden constitucional formaron parte de una estrategia continental de hegemonía geopolítica impulsada por los Estados Unidos , orientada a preservar su dominio hemisférico, contener toda experiencia política soberana o popular y reconfigurar la región conforme a los imperativos del capitalismo dependiente en su fase de reorganización neoliberal.

Desde esta perspectiva, las dictaduras latinoamericanas no fueron anomalías aisladas, sino piezas de un dispositivo sistemático de dominación continental, articulado mediante doctrinas ideológicas, estructuras militares, operaciones encubiertas, redes diplomáticas, modelos económicos neoliberales, endeudamiento externo como herramienta de colonialismo financiero y mecanismos de colonización cultural.

En ese entramado, la hegemonía geopolítica norteamericana enmarcada en la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt aparece como el principio ordenador del período. América Latina fue concebida como espacio estratégico de subordinación, como “patio trasero” cuya estabilidad debía garantizarse en función de la lógica bipolar de la Guerra Fría y de la contención del comunismo.

Sin embargo, lo que estaba en juego no era solamente una disputa entre bloques internacionales, sino también la neutralización de cualquier proyecto nacional que cuestionara la dependencia estructural de la región, ya fuese por vía reformista, nacional-popular o socialista. Así, la intervención sobre los procesos políticos latinoamericanos respondió tanto a una racionalidad geoestratégica como a la defensa de intereses económicos, corporativos e ideológicos que buscaban impedir la emergencia de modelos alternativos de desarrollo.

La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) constituyó el núcleo conceptual y operativo que hizo posible esa intervención. Adaptada al contexto latinoamericano a partir de los lineamientos anticomunistas de la posguerra, la DSN redefinió radicalmente el sentido de la defensa: el enemigo dejó de ser exterior para volverse interno. Sindicatos, estudiantes, partidos de izquierda, movimientos sociales, intelectuales críticos, sectores religiosos comprometidos e incluso expresiones culturales disidentes comenzaron a ser percibidos como focos de subversión.

De este modo, la sociedad entera fue convertida en un campo de batalla ideológica y los ejércitos asumieron un papel central en la reorganización del poder político. La seguridad del Estado se colocó por encima de los derechos humanos y de las personas, legitimando la censura, la persecución, la tortura, la desaparición forzada y el exterminio selectivo como instrumentos de gobierno.

Desde esta clave de lectura, las dictaduras deben ser analizadas no solo como regímenes represivos, sino también por su función política estructural. Su objetivo no consistió únicamente en desalojar gobiernos o aniquilar organizaciones insurgentes, sino en desarticular las bases sociales, sindicales, económicas, culturales e ideológicas del campo nacional y popular.

La militarización del poder fue también una forma de reordenamiento social: destruyó mediaciones democráticas, disciplinó a la sociedad, reconfiguró las relaciones entre Estado y clases dominantes y fortaleció a las oligarquías locales asociadas al poder imperial. En este sentido, la violencia estatal no operó como un exceso del sistema, sino como una tecnología de reorganización profunda de las sociedades latinoamericanas. El ensayo subraya que esa violencia tuvo también una finalidad económica precisa.

Las dictaduras fueron la condición histórica de posibilidad para la implantación de un Modelo Económico Neoliberal que instauro un nuevo patrón de acumulación basado en la apertura comercial, la liberalización financiera, la destrucción del aparato productivo, el endeudamiento externo, la primarización económica y el debilitamiento del movimiento obrero.

El neoliberalismo, lejos de aparecer como un simple conjunto de políticas técnicas, se revela aquí como un proyecto de poder inseparable del terror de Estado. Allí donde la democracia, la organización popular o la resistencia sindical habrían dificultado la aplicación de reformas regresivas, la represión creó el escenario necesario para imponerlas. Por eso, en esta lectura, las dictaduras latinoamericanas fueron también laboratorios de una transformación económica radical, sostenida por agencias estatales, organismos financieros, think tanks, universidades y elites tecnocráticas vinculadas al proyecto estadounidense.

Los casos de Brasil, Chile y Argentina permiten observar con claridad esta articulación que se fue dando en el tiempo entre hegemonía imperial, doctrina contrainsurgente, represión sistemática y reestructuración neoliberal. En cada uno de ellos aparecen, con modulaciones específicas, los mismos elementos de fondo: deslegitimación de proyectos reformistas o soberanos, intervención o apoyo estadounidense, centralidad del anticomunismo, instalación de aparatos represivos y reorganización económica favorable al capital concentrado y transnacional.

El ensayo no niega la existencia de conflictos internos, disputas por la renta ni particularidades nacionales; por el contrario, las reconoce. Pero sostiene que esas condiciones locales como factores de ruptura del orden interno solo adquieren plena inteligibilidad cuando se las inscribe en un marco continental de dominación, coordinación y tutela imperial.

Finalmente, esta reflexión no se agota en la reconstrucción del pasado. El problema que aquí se examina posee una clara dimensión histórica, ética y memorial.

Las dictaduras dejaron no solo un saldo devastador de crímenes, violación de Derechos Humanos, censura y terror, sino también estructuras económicas dependientes, subjetividades fragmentadas y formas persistentes de subordinación política y cultural. Por ello, la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Soberanía no aparecen como consignas abstractas, sino como tareas históricas todavía abiertas.

Revisar críticamente este ciclo de violencia y dominación no implica únicamente esclarecer lo ocurrido, sino también interrogar las continuidades del presente y los límites que aún pesan sobre los proyectos emancipatorios en América Latina.

Por Ariel Rolfo

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