La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial. Se busca privatizar totalmente la empresa mediante una licitación pública nacional e internacional.
El Gobierno dio un paso clave en su programa de reformas al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampa en aeropuertos. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial este jueves, en el marco del proceso de privatización habilitado por la Ley 27.742, que había sido anunciado ayer por el ministro Luis Caputo.
La norma establece que la operación se realizará mediante una licitación de etapa múltiple, con base, orientada a garantizar “transparencia, competencia y máxima concurrencia”, según se detalla en los considerandos.
El llamado a la licitación pública para Intercargo
El procedimiento se enmarca en el Decreto 198/2025, que autorizó la privatización total de la compañía mediante la venta del paquete accionario estatal, y en la Ley 23.696, que regula los procesos de reforma del Estado.
Como parte del esquema, el Ministerio de Economía aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones y dispuso que todo el proceso se canalice a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde los interesados podrán acceder a la documentación y presentar sus ofertas.
El cronograma oficial fija como fecha límite para consultas el 27 de abril de 2026, mientras que la presentación de ofertas deberá realizarse hasta el 7 de mayo a las 9:30, con apertura ese mismo día a las 10.
Además, la resolución crea una Comisión Evaluadora “ad hoc” integrada por funcionarios designados para analizar las propuestas.
En paralelo, se prevé la intervención de la Secretaría de Transporte y de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que podrán requerir asistencia técnica a la propia Intercargo durante el proceso.
El precio base de la operación surge de una valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), según consta en el pliego.
Otro punto central del proceso es que, antes de concretar la venta, el Estado deberá rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión vigente con Intercargo para la prestación exclusiva del servicio de rampa.
Desde el Ejecutivo remarcaron que el esquema apunta a garantizar eficiencia en el uso de los recursos y promover la participación de operadores con experiencia en el sector, en línea con la política de reorganización de empresas públicas.
El anuncio de Caputo y Adorni
Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un mensaje en X, adelantó que hoy se presentarían “las bases y condiciones para la privatización de Intercargo”, en lo que definió como un nuevo paso dentro del proceso de transformación del sector aerocomercial.
Según detalló, la operación se realizará bajo la modalidad de “empresa en marcha”, lo que implica la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de su participación accionaria y la continuidad de sus operaciones en todos los aeropuertos donde actualmente presta servicios. El esquema contempla mantener contratos, licencias y funcionamiento operativo.
El funcionario enmarcó la decisión en una serie de reformas previas, entre ellas la desregulación del mercado aerocomercial y la habilitación de nuevos prestadores de servicios de rampa. En esa línea, sostuvo que el objetivo es “generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.
“Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”, expresó.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó en conferencia de prensa que el Gobierno destinará el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para las Fuerzas Armadas. La medida apunta, según explicó, a “promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar” y consolidar una política de defensa a largo plazo.
El anuncio se inscribe en la estrategia general del gobierno de Javier Milei de reducir la participación estatal en empresas públicas y redirigir recursos hacia áreas consideradas prioritarias.
Fuente: 50 Ámbito
