En una decisión que generó fuerte polémica y críticas, Argentina protagonizó un episodio controvertido en la Organización de las Naciones Unidas al rechazar una resolución que califica la esclavitud y la trata transatlántica de personas africanas como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia.
La iniciativa, aprobada por una amplia mayoría en la Asamblea General, obtuvo 123 votos a favor, solo tres en contra y 52 abstenciones. Sin embargo, el gobierno argentino decidió ubicarse una vez más en el reducido grupo que rechazó el texto, junto a Estados Unidos e Israel, en una postura que lo dejó aislado frente al consenso internacional.
La votación coincidió con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, un marco clave en la lucha global contra el racismo, lo que profundizó el impacto simbólico de la decisión.
Un sistema de explotación sin precedentes
El documento aprobado sostiene que la esclavitud racializada y la trata de africanos constituyeron un sistema de explotación único en la historia, extendido durante más de cuatro siglos, en el que millones de personas fueron reducidas a la condición de propiedad hereditaria.
Según la resolución, este sistema no solo implicó violencia extrema, sino que también estableció estructuras legales, económicas y sociales basadas en jerarquías raciales cuyos efectos persisten hasta la actualidad.
Uno de los puntos centrales del texto es que los crímenes vinculados a la esclavitud no prescriben, por lo que los Estados tienen la responsabilidad de reparar sus consecuencias. Entre las medidas propuestas se incluyen disculpas oficiales, indemnizaciones, restitución de bienes culturales y políticas activas contra el racismo estructural.
Además, se impulsa el fortalecimiento de la educación, la investigación histórica y la preservación de la memoria colectiva sobre este período.
Argentina, en el centro de la controversia
El dato político más resonante fue el voto negativo de Argentina, que contrastó con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional. La decisión generó cuestionamientos por alejar al país de una postura ampliamente consensuada en torno a la condena de uno de los sistemas de opresión más brutales de la historia.
La resolución se aprobó en el marco del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes, una iniciativa impulsada por la ONU para promover la igualdad, combatir el racismo y avanzar en la reparación histórica. En ese contexto, la posición argentina no solo resultó llamativa, sino que también intensificó el debate político y diplomático sobre su alineamiento internacional.
Fuente: Primereando las noticias
