Desde la asunción del presidente Javier Milei, distintos informes y análisis advierten sobre un fuerte proceso de cierre de empresas en Argentina, en el marco de un programa económico basado en el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura de importaciones.
Según estimaciones difundidas en el artículo, el ritmo de desaparición de unidades productivas alcanza las 30 empresas por día, una cifra que refleja la profundidad de la crisis que atraviesa el entramado productivo, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Más allá del número puntual, otros datos van en la misma dirección. Informes basados en registros oficiales señalan que desde fines de 2023 hasta 2025 cerraron más de 22.000 empresas en el país, lo que implica una caída significativa del tejido productivo.
Este fenómeno no solo afecta a las empresas en sí, sino también al empleo: en el mismo período se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo registrados, lo que profundiza el deterioro social.
El artículo vincula estos cierres con el rumbo económico adoptado por el Gobierno, que combina varias medidas:
- Ajuste fiscal fuerte, con reducción del gasto público
- Caída del consumo interno, producto de la pérdida de poder adquisitivo
- Apertura de importaciones, que aumenta la competencia externa
- Altas tasas de interés, que dificultan el acceso al crédito
- Recesión económica, con caída de la actividad en sectores clave
Distintos análisis coinciden en que, tras la devaluación y el ajuste inicial, la economía entró en una fase contractiva, afectando especialmente a la industria, la construcción y el comercio.
El impacto no es homogéneo. Los sectores más golpeados por el cierre de empresas incluyen:
- Industria manufacturera
- Construcción
- Comercio minorista
- Servicios vinculados al mercado interno
Incluso organizaciones empresariales comenzaron a expresar preocupación por la situación, advirtiendo que muchas compañías no logran sostenerse ante la caída de la actividad y el cambio de condiciones económicas.
El cierre de empresas tiene un efecto directo sobre el empleo. La reducción de unidades productivas se traduce en:
- Pérdida de puestos de trabajo
- Mayor informalidad
- Dificultades para reinsertarse laboralmente
- Caída del ingreso de los hogares
Algunos informes señalan que el empleo registrado viene mostrando una tendencia descendente desde el inicio del actual gobierno, acompañando el proceso de ajuste económico.
El fenómeno genera un fuerte debate político y económico.
Desde el Gobierno
Se sostiene que el proceso forma parte de una reorganización estructural de la economía, donde:
- Se eliminan empresas “ineficientes”
- Se busca mejorar la competitividad
- Se apunta a un modelo más abierto y orientado al mercado
Desde sectores críticos
Se advierte que el costo del ajuste es demasiado alto y que:
- Se destruye el tejido productivo nacional
- Se debilita la industria local
- Se incrementa la dependencia externa
- Se agrava la desigualdad social
En términos más amplios, el cierre masivo de empresas se inscribe en una transformación del modelo económico argentino. El país atraviesa un pasaje desde un esquema más protegido hacia uno más liberalizado, con menor intervención estatal.
Este tipo de transición suele generar tensiones: mientras algunos sectores pueden beneficiarse (como actividades exportadoras), otros —especialmente los vinculados al mercado interno— enfrentan mayores dificultades para sobrevivir.
El dato de que “cierran 30 empresas por día” sintetiza una tendencia más amplia: la contracción del entramado productivo en un contexto de ajuste y recesión.
Mientras el Gobierno defiende el rumbo económico como necesario para estabilizar el país, distintos sectores advierten que el proceso podría dejar un saldo negativo en términos de empleo, industria y desarrollo.
El resultado final dependerá de si la economía logra reactivarse en el mediano plazo o si, por el contrario, el cierre de empresas se consolida como un rasgo estructural del nuevo modelo económico.
Fuente: Motor Economico
