La iniciativa del gobierno para suspender las PASO encontró resistencia incluso entre mandatarios que venían acompañando. Se profundizan las tensiones políticas en un Congreso fragmentado.
La intención del gobierno nacional de avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) abrió un nuevo frente de conflicto político. Lo que en la Casa Rosada se proyectaba como una medida viable comenzó a encontrar obstáculos inesperados, incluso dentro del propio universo de aliados.
Varios gobernadores que en otras votaciones acompañaron al oficialismo decidieron marcar distancia y rechazar la posibilidad de modificar el sistema electoral sin un consenso amplio. El argumento que unifica estas posiciones es claro: cambiar las reglas de juego en pleno proceso político no solo genera incertidumbre, sino que debilita la institucionalidad democrática.
Detrás de la discusión formal, también se juega una disputa de poder. Las PASO funcionan, en muchos casos, como una herramienta para ordenar candidaturas y legitimar liderazgos, especialmente en espacios con tensiones internas. Su eliminación reconfiguraría ese escenario y podría favorecer decisiones más centralizadas.
El episodio deja en evidencia que la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores es más frágil de lo que parecía. Los apoyos en el Congreso no son automáticos y cada proyecto se negocia voto a voto, en un equilibrio inestable.
En un contexto de debilidad parlamentaria, cada error de cálculo político se paga caro. Y Milei empieza a comprobar que gobernar no es lo mismo que tuitear.
