La central sindical presentó una demanda en el fuero laboral contra varios artículos de la norma impulsada por el Gobierno, mientras en Córdoba un fallo judicial declaró inconstitucional una de sus disposiciones.
La Confederación General del Trabajo (CGT) avanzó con su estrategia judicial contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y presentó un planteo de inconstitucionalidad en el fuero nacional del Trabajo. La central obrera cuestiona varios artículos de la denominada “Ley de Modernización Laboral”, al considerar que afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63, a cargo del juez Raúl Ojeda, y forma parte de una serie de acciones legales que los gremios vienen impulsando para frenar la aplicación de la norma recientemente aprobada en el Congreso.
Además de la CGT, sindicatos de distintos sectores —entre ellos aeronáuticos y judiciales— también acudieron a los tribunales para cuestionar los cambios introducidos por la nueva legislación. En paralelo, las dos CTA y otros gremios evalúan impulsar demandas similares en los próximos días.
El reclamo en el fuero laboral se suma a otras acciones judiciales que el sindicalismo inició en diferentes ámbitos. Días atrás, la central obrera había presentado un amparo en el fuero Contencioso Administrativo Federal con el objetivo de frenar el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras tanto, la reforma comenzó a recibir sus primeros cuestionamientos en los tribunales. Un juez laboral de Córdoba declaró inconstitucional uno de los artículos clave de la ley, el que modificaba el sistema de actualización de créditos laborales en juicios en curso, lo que podría afectar el cálculo de indemnizaciones.
Ese fallo se convirtió en el primer revés judicial para la reforma laboral y abrió la puerta a nuevas presentaciones de trabajadores y sindicatos que buscan que la Justicia revise otros aspectos de la normativa.
La reforma laboral forma parte del paquete de cambios impulsado por el gobierno libertario para flexibilizar el mercado de trabajo y reducir costos laborales, una iniciativa que el Ejecutivo considera clave para atraer inversiones y generar empleo formal.
Sin embargo, desde el movimiento sindical advierten que varias de sus disposiciones implican una pérdida de derechos históricos para los trabajadores, por lo que anticipan una larga disputa judicial que podría terminar en la Corte Suprema.
