La Legislatura de Córdoba dio un paso importante en el tratamiento de una iniciativa que busca proteger el patrimonio de clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. La Comisión de Deportes de la Unicameral emitió despacho favorable a un proyecto que propone extender la suspensión de ejecuciones judiciales sobre los inmuebles de estas entidades hasta el 31 de marzo de 2027.
La propuesta modifica la Ley Provincial 10.003, una norma sancionada originalmente en 2011 que estableció la suspensión de las ejecuciones judiciales contra los bienes inmuebles de asociaciones civiles, clubes y organizaciones comunitarias dedicadas a actividades deportivas, recreativas o sociales. Con el paso de los años, la legislación fue prorrogada en reiteradas oportunidades para evitar que estas instituciones pierdan sus sedes o instalaciones a raíz de deudas o litigios judiciales.
El nuevo proyecto es impulsado por los legisladores Patricia Botta y Leandro Limia, presidenta y vicepresidente de la Comisión de Deportes, quienes sostienen que la extensión del plazo permitirá a las entidades regularizar su situación económica sin poner en riesgo su continuidad. La medida busca otorgar más tiempo para resolver conflictos judiciales o financieros que podrían derivar en remates de propiedades que muchas veces constituyen el principal patrimonio de estas organizaciones.
Desde la comisión señalaron que la situación que dio origen a la ley hace más de una década aún persiste. Muchas asociaciones civiles y clubes barriales continúan enfrentando demandas judiciales de distintos tipos y cuentan con recursos limitados para afrontarlas. Al mismo tiempo, poseen bienes inmuebles de alto valor patrimonial, lo que en algunos casos incentiva litigios que ponen en peligro su existencia institucional.
En este contexto, los legisladores remarcaron que estas entidades cumplen un rol social fundamental en los barrios, ya que promueven la práctica deportiva, la integración comunitaria y la contención de jóvenes y familias. Por ese motivo, consideran necesario mantener herramientas legales que eviten el cierre o la pérdida de infraestructura de clubes y organizaciones sociales que desarrollan actividades comunitarias.
Tras obtener despacho favorable en comisión, el proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo y podría ser debatido próximamente en el recinto de la Legislatura provincial. De aprobarse, la prórroga garantizaría la continuidad de la suspensión de ejecuciones judiciales sobre los inmuebles de estas instituciones por dos años más, reforzando su protección frente a eventuales remates o embargos.
Fuente: La Nueva Mañana
