Un nuevo conflicto institucional y ambiental comienza a escalar en la ciudad de Córdoba luego de que el intendente Daniel Passerini impulsara gestiones para retirar del predio municipal de barrio Alta Córdoba a la empresa estatal encargada del procesamiento de uranio, tras advertencias por presuntas fallas en los sistemas de seguridad de la planta.
La discusión involucra a la firma Dioxitek, una compañía vinculada al complejo nuclear argentino que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La planta funciona desde hace décadas en la capital cordobesa y produce dióxido de uranio, un insumo clave para el combustible de las centrales nucleares del país.
Sin embargo, el municipio considera que la permanencia de la empresa en la zona urbana se volvió insostenible tras una serie de observaciones vinculadas a la seguridad del predio.
Un conflicto que reabre una vieja discusión
El debate sobre la continuidad de la planta nuclear en Córdoba no es nuevo. Desde hace años, organizaciones ambientalistas, vecinos y sectores políticos reclaman el traslado definitivo de la instalación industrial, argumentando que su ubicación en una zona densamente poblada representa un riesgo.
La empresa Dioxitek opera en un predio ubicado cerca del río Suquía, donde históricamente se produjeron controversias por la gestión de residuos y materiales vinculados al procesamiento de uranio.
Aunque la planta había iniciado un proceso de traslado hacia otra provincia, el proyecto se dilató en el tiempo y la actividad continuó en la capital cordobesa.
Ahora, según trascendió, informes técnicos detectaron deficiencias en los protocolos de seguridad y en la infraestructura del predio, lo que llevó al Ejecutivo municipal a iniciar gestiones para rescindir el acuerdo que permite el funcionamiento de la empresa en ese lugar.
La postura del municipio
Desde el entorno del intendente Daniel Passerini sostienen que el municipio tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad para los vecinos de la ciudad.
En ese marco, el Ejecutivo local analiza revocar la habilitación o exigir el retiro de la empresa del predio, una decisión que abriría un fuerte conflicto con organismos nacionales vinculados al sector nuclear.
El argumento central es que la presencia de una instalación que manipula material nuclear en una zona urbana requiere estándares de control y seguridad extremadamente rigurosos.
Un problema con implicancias nacionales
El eventual desplazamiento de la planta no es un tema menor. La producción de dióxido de uranio forma parte de la cadena estratégica del sistema nuclear argentino, que abastece de combustible a centrales como Central Nuclear Embalse en Córdoba y Central Nuclear Atucha en la provincia de Buenos Aires.
Por ese motivo, cualquier decisión que afecte la actividad de la empresa podría tener impacto en la política energética nacional.
Además, el conflicto se da en un contexto donde el gobierno nacional impulsa un fuerte ajuste del gasto público y revisa el funcionamiento de empresas estatales, lo que agrega un componente político a la discusión.
Vecinos y ambientalistas vuelven a reclamar
El tema también volvió a movilizar a organizaciones sociales y ambientales que desde hace años denuncian la presencia de la planta en la ciudad.
Diversos colectivos vienen reclamando que el traslado de la empresa se concrete de forma definitiva y que el predio sea descontaminado y reconvertido para otros usos.
Para estos sectores, el debate actual demuestra que el problema nunca fue resuelto de fondo y que la permanencia de la planta responde más a demoras administrativas y decisiones políticas que a criterios ambientales o de planificación urbana.
Un escenario abierto
Por ahora, las negociaciones entre el municipio y los organismos nacionales continúan. El gobierno local busca avanzar en una salida que priorice la seguridad urbana, mientras que desde el sector nuclear advierten que el cierre abrupto de la planta podría afectar una actividad estratégica.
Lo cierto es que el conflicto vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica de Córdoba: qué hacer con una industria vinculada al ciclo nuclear instalada en pleno entramado urbano, un tema que mezcla seguridad, ambiente, energía y política.
En los próximos días podrían definirse pasos concretos que determinen si la ciudad finalmente pone punto final a la presencia de la planta o si el conflicto abre una nueva etapa de negociaciones entre la Nación, la provincia y el municipio.
Fuente: LPO
