La Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó este jueves un proyecto que expresa preocupación institucional por la crisis que atraviesa el sistema nacional de atención a las personas con discapacidad, en medio de reclamos de prestadores, familias y trabajadores por atrasos en pagos y dificultades para sostener las prestaciones.
La iniciativa fue impulsada por el legislador provincial Leonardo Limia, integrante del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, quien durante el debate advirtió que la situación que vive el sector es “grave” y requiere respuestas urgentes para evitar que se profundice la vulneración de derechos.
El proyecto aprobado por mayoría manifiesta la “preocupación ante la grave crisis del sistema nacional de discapacidad”, señalando especialmente el incumplimiento de la Ley Nº 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y los retrasos en los pagos a prestadores que ponen en riesgo la continuidad de tratamientos y servicios.
Un sistema en tensión
El documento advierte que la falta de actualización de aranceles, los atrasos administrativos y las demoras en los pagos afectan directamente a instituciones, profesionales y organizaciones que sostienen el sistema de prestaciones en todo el país.
En ese marco, Limia remarcó que las dificultades que atraviesa el sistema nacional impactan de forma directa en miles de familias que dependen de estos servicios para acceder a tratamientos médicos, terapias, educación especial y acompañamiento integral.
“Estamos frente a una situación que pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales y, por lo tanto, los derechos básicos de las personas con discapacidad”, planteó el legislador durante su exposición.
El contraste con la política provincial
Durante su intervención en el recinto, Limia también contrastó la situación nacional con la decisión del gobierno provincial de fortalecer las políticas de inclusión, destacando la ampliación del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad impulsada por la gestión del gobernador Martín Llaryora.
Según explicó, el incremento de los recursos destinados a esta herramienta busca sostener programas y acompañar a instituciones que trabajan con personas con discapacidad en Córdoba.
“El anuncio de elevar la inversión provincial a 4.500 millones de pesos para 2026 no es solamente un número contable”, sostuvo Limia. Y agregó: “resume una concepción del Estado que combina responsabilidad fiscal con un Estado de derechos y un compromiso humano con quienes más lo necesitan”.
Acompañamiento a los reclamos del sector
El legislador también recordó que en distintas oportunidades acompañó movilizaciones de familias y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad, quienes se han concentrado frente al Ministerio de Salud de la Nación reclamando la regularización de pagos y la aplicación efectiva de la ley de emergencia.
En ese sentido, señaló que la problemática requiere una mirada federal y políticas públicas sostenidas que permitan garantizar la continuidad del sistema.
“La discapacidad no puede quedar librada a la lógica del ajuste o a la burocracia administrativa. Estamos hablando de derechos, de tratamientos y de calidad de vida para miles de personas”, planteó.
Un pronunciamiento institucional
La resolución aprobada por la Legislatura cordobesa busca visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema nacional de discapacidad y sumar una voz institucional al reclamo de prestadores, profesionales y familias que vienen advirtiendo sobre el deterioro del sector.
Con este pronunciamiento, el cuerpo legislativo provincial dejó sentado que la crisis del sistema no es solamente un problema administrativo o presupuestario, sino un desafío que involucra la garantía de derechos fundamentales para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
