La decisión, motorizada por la oposición, fue tomada en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales. De esta manera, Javier Milei deberá esperar hasta mediados de abril para avanzar con esta reforma acordada con gobernadores cordilleranos.
En el debate del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados la oposición impuso su mayoría para impulsar la realización de dos audiencias públicas previas al debate del pleno sobre la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno y cuenta con media sanción del Senado.
Las audiencias públicas se desarrollarán el 25 y 26 de marzo: la primera presencial y la segunda por Zoom.
De esta manera, la gestión de Javier Milei deberá esperar hasta mediados de abril para avanzar con esta reforma que acordó con gobernadores cordilleranos.
Revela el cronista parlamentario David Cayón, en Infobae, que el oficialismo intentó avanzar en una audiencia pública para sortear el requisito institucional, pero los bloques opositores presentaron como contrapropuesta un mecanismo para garantizar la participación federal de las provincias involucradas en la gestión de cuencas hídricas afectadas.
Con las audiencias públicas se da cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
“Debe garantizarse una participación verdaderamente federal, abierta y plural, en razón de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas potencialmente afectadas. Que sean oídas las provincias, la comunidad científica, los especialistas en recursos hídricos, los productores y todos los sectores involucrados”, expresó respecto de la decisión tomada el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
“Estamos discutiendo reservas estratégicas de agua y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. Están en juego los niveles de protección vigentes, competencias interjurisdiccionales entre provincias y la previsibilidad y seguridad jurídica necesarias para futuras inversiones”, advirtió y subrayó que “cualquier modificación que implique una posible regresión en los estándares de protección exige un debate técnico serio, evidencia científica y respeto por el principio de no regresión”.
Fuente: La Nueva Mañana
