Referentes de derechos humanos señalaron que las condiciones impuestas a la expresidenta son más restrictivas que las aplicadas en otros casos y reclamaron que la Justicia garantice las garantías y los derechos fundamentales de todas las personas.
Referentes de múltiples entidades de derechos humanos se reunieron este martes en una conferencia de prensa para denunciar las restricciones que, según sostienen, fueron impuestas sobre la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto en un departamento en Buenos Aires tras su polémica condena en la causa Vialidad.
Los organismos reclamaron a la Justicia federal que evalúe la veracidad y proporcionalidad de las condiciones de detención que se le aplican a la exmandataria, sosteniendo que las limitaciones sobre sus visitas, contactos y actividades son más severas que las impuestas a otros condenados que también gozaron del beneficio de la prisión domiciliaria.
Las entidades firmantes —entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)— señalaron que esas restricciones impactaron de manera directa en los vínculos personales de la ex presidenta y limitaron el ejercicio de sus derechos políticos.
El comunicado firmado por los organismos comparó la situación de la expresidenta con la de condenados por delitos de lesa humanidad que también accedieron a la prisión domiciliaria, pero sin que se les impusieran las mismas limitaciones en visitas y permisos, una diferencia que los denunciantes consideran injusta e inequitativa.
En la conferencia prevista en la Cámara de Diputados, los referentes manifestaron que la defensa de Fernández de Kirchner ya había presentado solicitudes para modificar el régimen de detención, sin que hasta el momento se hayan incorporado cambios significativos.
La denuncia de los organismos de derechos humanos se enmarca en un debate más amplio sobre cómo se aplican y supervisan las medidas restrictivas en casos de prisión domiciliaria, y sobre la necesidad de que esas decisiones respeten los estándares de proporcionalidad, igualdad ante la ley y garantía de derechos fundamentales.
Fuente: Primereando Las Noticias
