El Departamento de Guerra de Estados Unidos oficializó la adjudicación de un contrato por más de 33 millones de dólares para entrenar a pilotos argentinos en el sistema F-16. La mayor parte del desembolso se realizará este año y forma parte de la compra de 24 aviones a Dinamarca.
El Gobierno nacional pagará más de 33 millones de dólares a Estados Unidos para capacitar a pilotos argentinos en el manejo de los aviones F-16 adquiridos a Dinamarca, en el marco de un contrato de entrenamiento que, según precisó el propio Departamento de Defensa estadounidense, permitirá formar “pilotos instructores de F-16” para que alcancen “una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EEUU”.
De ese total, unos 22 millones de dólares serán abonados durante 2026 y el resto se completará en los próximos años, en el marco de una operación de Ventas Militares Extranjeras. El trabajo se desarrollará en el país y se extenderá hasta junio de 2029, de acuerdo con la documentación publicada por Washington.
La capacitación está vinculada a los 24 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca en abril de 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, firmó el acuerdo que definió como la compra militar más relevante de las últimas décadas. Las aeronaves forman parte del recambio que el país europeo inició al incorporar los nuevos F-35.
Fuentes oficiales anticiparon que instructores de Top Aces llegarán en los próximos días al Área de Material Río Cuarto, en Córdoba, para poner en marcha el entrenamiento. En paralelo, el Gobierno había señalado que arribaría un simulador de vuelo para completar la formación local de los pilotos.
La operación contó con la autorización de Estados Unidos y fue coordinada con el gobierno danés, que ya donó parte de su flota de F-16 a Ucrania y resolvió vender el resto. El modelo, diseñado en los años setenta y operativo desde 1978, es valorado por su maniobrabilidad y desempeño en combate.
Con este contrato, la Argentina compromete un nuevo desembolso millonario en el proceso de incorporación de los cazas supersónicos, en momentos en que otras áreas del Estado, permanecen desfinanciadas. Más concretamente, la decisión contrasta con la paralización de la obra pública y el freno en la actividad industrial, al tiempo que el Ejecutivo avanza con planes de ajuste en distintos organismos públicos mediante retiros voluntarios.
La ley de emergencia en discapacidad continúa sin una definición clara sobre el financiamiento de las prestaciones y el esquema de financiamiento universitario aún no fue reglamentado con el argumento de la falta de recursos, sumado al ingreso de un proyecto oficial paralelo que propone una recomposición del 12,3% por lo perdido en 2025, sin contemplar 2024, establece paritarias trimestrales y omite la actualización mensual por inflación prevista en la normativa vigente.
Fuente: Politica Argentina
