El Ministerio de Justicia deberá responder si considera que la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene facultad para intervenir como parte acusadora en los procesos por lo sucedido durante la última dictadura.
La Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) no está interviniendo como querellante en los últimos juicios que se iniciaron por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura. La ausencia obedece a dos motivos: por un lado, el desmantelamiento del área de querellas y el despido de los abogados y las abogadas que llevaron durante años estos expedientes y, por otro lado, una nueva ingeniería que le quitó funciones al organismo que ahora conduce Joaquín Mogaburu, el funcionario que aboga por el “perdón” y la “concordia política”.
El viernes 13 de febrero, comenzó el juicio por los crímenes cometidos en dos de los centros clandestinos que regenteaba la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): Automotores Orletti y la Base Pomar. Por decisión de la Cámara Federal, no se examinará en este proceso lo que sucedió en un tercer campo de concentración, la Base Bacacay. Ese lugar se logró identificar por el aporte que hizo el Programa Verdad y Justicia al encontrar un cable desclasificado por Estados Unidos que hacía mención a la “cueva” que usaba Aníbal Gordon, amo y señor de las mazmorras de la SIDE. El Programa Verdad y Justicia quedó reducido a su mínima expresión. Y, en ese proceso, la SDH no se sentó entre las querellas.
La ausencia de la querella del Estado nacional también se percibe en el proceso que se sigue contra el prefecto Gonzalo Sánchez por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El “Chispa” Sánchez fue extraditado desde Brasil en plena pandemia para ser juzgado, lo que dejaba en claro que había un interés oficial por sentarlo en el banquillo de los acusados.
Este lunes se inicia en La Plata un juicio por los delitos cometidos por la banda de ultraderecha conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU). Volverán a ser juzgados Carlos “Indio” Castillo –el represor elegido por la Corte Suprema para dictar un fallo contra la extensión de las prisiones domiciliarias y cuestionar el proceso de justicia– y Juan José “Pipi” Pomares. Por primera vez estará frente a los jueces Agustín Antonio “Tony” de Jesús.
El abogado de “Tony” de Jesús, Fernando Castejón, llevó un planteo espinoso al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata: sostuvo que había una falta de personería y falta de legitimación de la SDH para ser querellante en la causa. Llamó especialmente la atención el cuestionamiento porque no había abogados de la SDH interviniendo.
El argumento del defensor es que desde que Javier Milei firmó el decreto 347/2025, que degradó a la Secretaría en Subsecretaría, el organismo no tiene la facultad de actuar como parte acusadora. “En ninguno de los veintiocho objetivos asignados a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación aparece mencionada la intervención procesal penal como parte querellante”, señaló Castejón.
El juez Jorge Gorini –que subroga en el TOF 1 de La Plata– le pidió al Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, que se expida sobre la facultad de la SDH para actuar como querellante. Cuando lo haga, se conocerá la definición oficial acerca de qué pasará con las querellas del Gobierno nacional en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En diciembre pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta habían advertido que la SDH había perdido la facultad de querellar.
Según estas organizaciones, fue el decreto 605/2025 –que reorganizó la estructura de la SDH tras la degradación– el que “eliminó las funciones que habilitaban a la Subsecretaría a intervenir como querellante en estas causas y también (en) las relacionadas con la protección y seguridad de testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales”.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación empezó a intervenir como querellante en las causas por crímenes contra la humanidad a partir del decreto 1020 que firmó Néstor Kirchner en 2006. En ese momento, se establecía que el Gobierno nacional había asumido “el firme e irrenunciable compromiso de promover hasta sus últimas consecuencias la investigación de los crímenes aberrantes perpetrados durante el último gobierno militar”.
La Secretaría llegó a participar en 265 causas como querellante. Esos tiempos parecen muy lejanos. La destrucción de esa política se inició con Alberto Baños, que despidió a la mayoría de los abogados querellantes. En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, no quedaron letrados para intervenir en esos expedientes.
Baños solía hacer un doble juego. Por el desmantelamiento, se presentaba en las causas, decía que no tenía abogados y pedía que se suspendiera el trámite –como contó este diario. El objetivo era obvio: frenar las investigaciones. Esa maniobra se registró en megacausas como la del Primer Cuerpo o Campo de Mayo. También Baños solía responder que no tenía personal cuando algún tribunal le pedía que contactara a las víctimas para recabar su postura frente a una posible excarcelación o prisión domiciliaria de un represor.
Por ahora, Mogaburu no tuvo mucha actividad en los expedientes. Quien maneja todos los asuntos jurídicos es Alfredo Mauricio Vitolo, que es autor del texto “La posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad”, que se publicó en un libro compilado por Alberto Crinigan –actualmente en el banquillo por ese tipo de delitos–. En la publicación también participó Victoria Villarruel con un texto en el que polemizaba con los organismos de derechos humanos.
“La SDH quiere seguir interviniendo en algunas causas para apoyar los pedidos de domiciliaria o de morigeración de la pena que hacen los represores; no le interesa querellar”, afirma una fuente que conoce bien los manejos en el organismo.
A pesar de la voluntad del Gobierno de dar por cerrado el asunto, los juicios siguen: tienen fecha de inicio el de CNU II, la masacre de la calle Corro, el ingenio La Fronterita y Molinos Río de La Plata.
Pocos días después de que desde el Ministerio de Defensa se difundieran mensajes reivindicando el accionar del Ejército en el Operativo Independencia, se conoció que el juzgado federal de Tucumán estaba convocando a 49 imputados cuya indagatoria habían pedido los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit el 29 de diciembre pasado. Los acusan de ser parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tucumana entre el 5 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976.
Para el Ministerio Público Fiscal, el Operativo Independencia –lejos de ser un evento heroico como sostienen desde el edificio Libertador– fue un “plan criminal de persecución y exterminio de opositores políticos ejecutado por las fuerzas armadas y de seguridad, con apoyo de sectores civiles, durante un gobierno constitucional que toleró o dio su consentimiento al desarrollo de los eventos criminales”.
Entre los 49 imputados hay integrantes del Ejército, la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería, la policía provincial de Tucumán, el exjuez Manlio Torcuato Martínez y un civil cuyo nombre no trascendió. Es la investigación más grande sobre el Operativo Independencia que se llevó a cabo hasta el momento, dado que involucra lo sucedido con 581 víctimas –entre ellas, 67 niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Pagina 12
