La Justicia de Estados Unidos volvió a golpear al Estado argentino en el histórico litigio por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska rechazó el pedido oficial para suspender el proceso de ejecución de la sentencia, lo que deja abierta la puerta a embargos sobre activos del país en el exterior mientras continúa la disputa judicial.
El caso se originó por la nacionalización del 51% de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, medida que derivó en una demanda multimillonaria de accionistas minoritarios que no fueron compensados. En 2023, la magistrada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por incumplir las normas de protección a inversores.
Ante la imposibilidad de afrontar ese monto, el Gobierno argentino había solicitado frenar la ejecución del fallo mientras avanza la apelación. Sin embargo, la negativa de Preska implica que los demandantes pueden seguir buscando bienes embargables del Estado en distintas jurisdicciones.
La disputa judicial se prolonga desde hace más de una década y atravesó varias administraciones, sin que se lograra una resolución definitiva. Incluso, ante la falta de pago, la propia jueza llegó a ordenar como alternativa la entrega de acciones de YPF como forma de compensación, una medida que el país también apeló.
⚠️ QUÉ SIGNIFICA ESTE FALLO
El rechazo a la suspensión no implica todavía el cobro inmediato de la deuda, pero sí agrava la posición argentina. Con la ejecución en marcha, los acreedores podrían intentar congelar cuentas, incautar activos o trabar operaciones financieras vinculadas al Estado nacional.
Además, el caso introduce incertidumbre sobre el futuro de la principal petrolera del país y sobre la estabilidad financiera argentina, ya que cualquier embargo relevante podría impactar en reservas, comercio exterior o inversiones.
Más allá de las disputas partidarias, el juicio por YPF se convirtió en una mochila que arrastra la Argentina desde hace más de una década y que amenaza con condicionar su margen económico durante años. La negativa de Preska no solo complica la estrategia judicial: también deja al descubierto la fragilidad de un país que, cada vez que enfrenta tribunales internacionales, vuelve a pagar costos gigantescos por decisiones políticas del pasado.
Mientras el Gobierno busca mostrar control y negociar en silencio, el reloj judicial corre y los acreedores ya huelen sangre. Si los embargos avanzan, la discusión dejará de ser jurídica para transformarse en un problema económico concreto, con impacto directo en la vida cotidiana.
Porque en este pleito no solo está en juego una petrolera: está en juego cuánto más puede pagar la Argentina por sus errores sin hipotecar su futuro.
